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Muñoz Abrines: “Es preocupante el ataque continuo al Estado de Derecho y la erosión permanente de la Constitución del Gobierno de la nación”
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, ha criticado la “deriva” que ha tomado el Gobierno de la nación “con su ataque continuo al Estado de Derecho y la erosión permanente de la Constitución” haciendo referencia a la modificación del delito de sedición y el denominado impuesto de solidaridad a las grandes fortunas promulgado por el Ejecutivo central.
Como ha afeado Muñoz Abrines, el presidente ha “decidido que tiene que hacer leyes a la carta, leyes destinadas exclusivamente a defender o atacar en función de afinidades políticas” y lo ha hecho “suprimiendo el principio de generalidad y de aplicación a todo el mundo” con el “único objetivo de beneficiar a quienes han sido condenados por un delito”.
El interés de Sánchez, ha continuado, es “exclusivamente partidista y enfocado a seguir unos meses más en el Palacio de la Moncloa”, ya que para el popular toda la argumentación que se está utilizando desde el PSOE al respecto es “una auténtica falsedad”. Tal y como ha explicado, la idea de que se trata de una “armonización con Europa es falsa”, pues la “regulación de la sedición en los países europeos, con diferentes nombres, pone penas incluso más graves que las que tenemos en España”, ha dicho.
Además, ha explicado que, si la modificación de la legislación “encima tiene consecuencias sobre el delito de malversación, evidentemente estamos ante una jugada absolutamente inconstitucional, una amnistía encubierta” ya que no solo exculpa a quienes “cometieron el atentado contra la Constitución, a los separatistas catalanes”, sino que abre la puerta a que se exculpe a “quienes malversaron 680 millones de euros en Andalucía, beneficiando a Griñán y a los otros siete condenados”.
Ante esto, al portavoz popular le gustaría saber “cuál va a ser la posición del señor Lobato”, quien espera que se pronuncie al respecto en el debate de la Proposición No de Ley que el GPP ha registrado en la Asamblea de Madrid y que insta a la Cámara a que “se manifieste instando al Gobierno de España a que no promueva ni apoye ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar o reducir las penas del delito de sedición y, por supuesto, ratificar el fundamento de la Constitución Española”.
“Hace una semana el señor Lobato dijo que no tenía conocimiento de que estuviese en las intenciones del Gobierno promover esta modificación legislativa, pues ya la tiene aquí”, ha lanzado el portavoz popular, quien ha recordado que “hay barones del PSOE que, al parecer, están escandalizados y muy preocupados por el daño que electoralmente les puede hacer” dicha modificación legislativa.
Por otro lado, Muñoz Abrines se ha referido a que “en esa carrera de hacer leyes a la carta, Sánchez ha decidido aprobar el impuesto que llama ‘de solidaridad a las grandes fortunas’, que no es sino el Impuesto de Patrimonio Bis” y que el popular considera que es una “ley a la carta, pero en el sentido contrario de la ley de sedición” ya que pretende “atacar a quienes Sánchez considera sus enemigos: los ciudadanos de Andalucía y los de Madrid, simplemente porque aquí no gobierna el PSOE”.
Las consecuencias económicas de esta ley, ha dicho, pasan porque “los ciudadanos vayan a pagar más impuestos” y porque “vayamos a tener posiblemente una reducción de inversión extranjera”, pero además esta imposición tributaria representa un “atentado contra la pluralidad política”. El hecho de que el Partido Popular “no pueda desarrollar sus políticas tributarias en las comunidades autónomas supone vaciar de contenido las competencias que tenemos los gobiernos regionales”.
Además, ha dicho Muñoz Abrines, el PSOE trata de “tirar la patada hacia adelante para que el próximo gobierno, presidido por el Partido Popular y por Alberto Núñez Feijóo, sea quien tenga que devolver precisamente el dinero de quienes ya habrán pagado el impuesto” una vez que el Tribunal Constitucional, en “dos años o dos años y medio”, resuelva la inconstitucionalidad del tributo.

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