El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Núñez, ha señalado este jueves que la nueva Ciudad de la Justicia “es el mayor proyecto de concesión de obra pública que hay hoy en España” y permitirá, entre otras cosas, “proteger a las víctimas de delitos y a la intimidad de los usuarios”.

Ha sido tras escuchar la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, sobre el proyecto de construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia, cuando Núñez ha resaltado “la valentía de este proyecto en unos momentos tan complicados como los actuales”, así como la “determinación del consejero por culminar la agrupación judicial del partido judicial de Madrid”.

Este es, además, uno de los “hitos más importantes de este proyecto fue la puesta en marcha definitiva del Instituto de Medicina Legal y ciencias forenses (IML) en noviembre del año 2020”, un plan “de una enorme complejidad” cuyos objetivos principales pasan por “centralizar todos los edificios policiales en una misma sede solventando la falta de espacio y la antigüedad de los actuales edificios” y generar “espacios de reserva para futuras ampliaciones”.

Asimismo, entre los fines de la nueva Ciudad de la Justicia está el conseguir “mejorar la eficacia del funcionamiento eliminando la dispersión”, la creación de “unas infraestructuras judiciales modernas y accesibles para todas las personas” y, por último, el “proteger a las víctimas de delitos y a la intimidad de los usuarios, implementando espacios de atención específica y separación de circulaciones entre detenidos, funcionarios y público en general”.

Como ha comentado el portavoz adjunto del GPP, se ha planteado “un proceso participativo y un proceso de escucha que es la base de la colaboración público-privada” y, como ha dicho, “tan transparente está siendo este proyecto que incluso las alegaciones presentadas por el propio PSOE, al estudio de habilidad, han sido tenidas en cuenta en los pliegos”.

Por otra parte, el plan de la nueva Ciudad de la Justicia, ha asegurado Núñez, “ha despertado el interés del Banco Europeo de Inversiones», tanto que se ha podido ver a “varios miembros del BEI visitando in situ la parcela de Valdebebas”, algo que no hace sino demostrar “la importancia de este proyecto en el conjunto de la Unión Europea”.

La ampliación del plazo de presentación de instancias, ha continuado el popular, tiene su fundamento en “la elaboración de un programa económico por parte de las empresas interesadas, que en estos momentos debido a la cambiante situación económica es muy difícil poder redactar”.

Así, desde “la licitación en julio, el Banco Central Europeo ha subido el precio del dinero en varias ocasiones” y, desde julio, las “previsiones económicas de España, a la luz de las entidades independientes, son muy preocupantes”. De todo ello, ha insistido, que se “necesite tiempo para adoptar a la realidad, actual y futura, un estudio económico”.

Según ha señalado el popular, ha habido “diversas peticiones de ampliación de plazos, por parte de las empresas y especialmente por parte de SEOPAN y de la Asociación Nacional de constructores independientes (ANCI)”, siendo más de “200 consultas” las que han sido realizadas por diversas empresas.

Del mismo modo, para el portavoz adjunto no es “comparable el marco legislativo actual, mucho más estricto con los desequilibrios económicos, con el marco legislativo bajo el cual se construyeron los hospitales o la carretera M 45”. Como ha comentado, la nueva Ley de Contratos aprobada por el Partido Popular “impide que se vuelvan a dar esas situaciones, por tanto, estamos en un escenario con un gasto muy contenido, muy calculado y dónde es prácticamente imposible que haya desvíos”.

Así, ha finalizado, “los servicios que se proponen como usos asociados, que generen ingresos para el operador, son incluso deficitarios durante los primeros años de vida de la concesión” y tiene como objetivo “minorar la aportación pública, contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios de la administración de Justicia, generar empleo directo e indirecto y se han estructurado conforme a tarifas contenidas”.