El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, ha señalado este jueves en el marco del Pleno celebrado en la Cámara regional que “la auditoría externa que pide la izquierda no es legal y, además, ya está hecha, pero ante la incapacidad para ofrecer nada a los ciudadanos necesitan estirar un chicle que no da más de si”.

Ha sido durante el debate de la Proposición No de Ley presentada por la oposición para instar al Consejo de Gobierno a realizar una auditoría externa, por un auditor designado por la propia Asamblea, de los contratos públicos realizados en la legislatura XI y XII, cuando Abrines ha afeado que “la profunda ignorancia y una injustificable indolencia” de la iniciativa.

“Unidas Podemos solicita que se someta a una auditoría externa por parte de un auditor designado por la Asamblea de Madrid de los contratos públicos de emergencia, algo que es ilegal”, ha dicho el popular, que a reglón seguido ha advertido que “la primera obligación de quienes ejercen responsabilidades públicas y, especialmente si además se dedican a hacer propuestas, es analizar el marco jurídico en el que se ha de mover la iniciativa”.

Como ha explicado, “la realización de auditorías al sector público le corresponde de forma exclusiva al Tribunal de Cuentas y a las cámaras autonómicas”, por lo que en el caso de la Comunidad de Madrid las auditorías y fiscalizaciones externas “le corresponde, de acuerdo con la ley 11/1999, a la Cámara de cuentas”.

“No solo es una cuestión de ignorancia, sino de desidia o indolencia”, ha lamentado Abrines sobre la propuesta de la oposición, a la que ha criticado que “no se han preocupado de conocer el marco jurídico, pero tampoco de buscar los precedentes a esta petición”. La Cámara regional, ha recordado, “ya designó auditor para fiscalizar los contratos de emergencia de la Comunidad de Madrid”, por lo que ha hecho hincapié en que “lo que piden ya está hecho”.

El problema para Unidas Podemos, ha comentado el popular, radica en que “el informe de la Cámara de Cuentas determina la absoluta corrección de la contratación de emergencia de la Comunidad de Madrid y, en concreto, del contrato formalizado con la empresa Priviet”. Así, ha asegurado que “como el informe de auditoría no dice lo que necesitan que diga para seguir con sus campañas de acoso y derribo personal, ante la incapacidad para ofrecer nada a los ciudadanos, necesitan estirar un chicle que no da más de sí”.

“En realidad, ¿saben de qué estamos hablando? de que Unidas Podemos y los que van a votar a favor de esta PNL quieren que en esta Cámara hagamos un Sanchez Mato”, ha afeado Abrines para, a reglón seguido, explicar que la izquierda quiere que “tal y como hicieron el Señor Sanchez Mato y Doña Celia Meyer en el Ayuntamiento de Madrid con el máster de tenis, se contrate algún despacho amigo para que, mintiendo, certifiquen la existencia de irregularidades”.

“La izquierda de esta Cámara quiere una Justicia a la carta, condicionada por informes falsos, encargados de manera ilegal a quien a ellos les interese, en contra del legitimo ejercicio de las instituciones competentes”, ha dicho el portavoz adjunto popular que, como ha asegurado, el GPP “en ese escenario no vamos a jugar y no vamos a ser cómplices de sus pretensiones totalitarias de aniquilación del rival político a costa de la verdad y de la justicia, y menos encargando informes falsos”.

En este punto, ha instado a la izquierda a “centrarse en los que sí han generado perjuicio para el patrimonio público”, como los tres contratos realizados con una empresa, presuntamente cercana al exministro Ábalos, por valor de 40 millones; por los cuatro contratos a una empresa de marketing de bebidas adjudicados por el Ministerio de Sanidad por un valor superior a los 263 millones de euros; los dos contratos a una empresa textil que recibió el encargo de suministrar 90 millones de mascarillas, a un precio hasta un 500 por ciento superior a adjudicaciones similares a otras empresas en el mismo momento”, entre otros.

“Y si les preocupa el nepotismo, empiecen por el árbol genealógico de la vicepresidenta de asuntos económicos”, ha dicho Abrines antes de finalizar su intervención, en la que ha preguntado “¿Qué les parece un contrato de reputación online adjudicado a una empresa vinculada al marido de la vicepresidenta Calviño, que no estaba, al parecer, al corriente de la seguridad social ni de sus obligaciones tributarias? Ahí, sí hay cosas feas”.

​

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Escribano, ha defendido este jueves ha pedido a los grupos de la oposición, en el marco de la interpelación presentada por el PSOE a la consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid sobre Política General del Consejo de Gobierno en materia de industria, que “dejen de faltar el respeto a tantas familias que abren cada día su pequeño negocio y a la inteligencia de tantos empresarios que crean empleo, dejen de menospreciarles y asfixiarles”.

“¿De verdad creen que se puede interpelar al Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la política industrial en nuestra región sin referirse a lo que es ya un auténtico peligro para la viabilidad de miles de pequeñas, medianas, grandes empresas y autónomos?”, ha preguntado Escribano a la bancada de la izquierda durante la sesión plenaria para, a reglón seguido, sostener: “Quienes se la juegan cada día a pesar de los palos en las ruedas que les pone el Gobierno de Sánchez no tienen por qué escuchar barbaridades como que el problema del precio de la luz se debe exclusivamente a la guerra de Putin contra Ucrania”.

En este punto, el popular ha preguntado: “¿No echaban ustedes gasolina hace un mes? ¿Pero a quién quieren engañar?” para solicitarles que “pisen la calle, vayan a los polígonos industriales de la Comunidad de Madrid, vayan por ejemplo al polígono industrial de Arganda del Rey, el segundo en extensión más importante de nuestra región, y verán a muchas personas desesperadas porque el hecho de subir la persiana ya les cuesta dinero”.

El Gobierno de España, ha continuado el diputado popular, está “asfixiando a empresas y trabajadores, y esto no es de hace tres semanas”. Como ha asegurado, es un “proceso que ustedes comenzaron con subidas de impuestos a todo el que se mueve”, algo que a su parecer “no les parece suficiente y pretenden seguir agravándola”.

Como ha afeado a la izquierda, “están tan alejados de la realidad de nuestro país que, pese a que la situación es insostenible para todas las empresas madrileñas, para los autónomos que están desesperados, para los transportistas que prefieren dejar los camiones parados, para el campo que está asfixiado… dicen que hasta el 29 de marzo no bajarán el precio de la luz, el gas y la gasolina”.

“Están asumiendo por lo tanto que está en sus manos”, ha indicado Escribano que, en este punto, ha exigido al PSOE y sus socios que “aunque sea contrario a su ideología, bajen ya los impuestos” porque “cada día, cada hora y cada minuto que pasa son empresas cerradas, trabajadores al paro y muchas familias que ven como sus sueños se desvanecen”.

El diputado popular ha lamentado antes de finalizar que “no habrá suficientes capítulos de la serie nueva que quieren hacer para contar tanto drama y tanto sufrimiento” y que lo que está sucediendo “no se arregla cogiendo el coche cinco días y usando la bicicleta otros dos”, por lo que “si les queda algo de respeto por la industria madrileña exijan al Gobierno que baje los impuestos ya”.

​

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Orlando Chacón, ha señalado este jueves ante la Cámara regional que la “Ley de Mercado Abierto que nos propone el Consejo de Gobierno nace con el espíritu y la pretensión de consolidar una unidad de mercado real en España”, un mercado que sea “fiel espejo y reflejo de cómo se ha ido construyendo ese gran proyecto de mercado único y abierto que es hoy la Unión Europea”.

“La realidad es que España sufre un grave problema de fragmentación del mercado nacional como consecuencia de la hiperregulación administrativa”, ha explicado Chacón en el marco del debate de totalidad del proyecto de Ley de Mercado Abierto que ha tenido lugar este jueves durante el Pleno de la Asamblea. La norma, ha dicho, “supondrá un impulso de la actividad y la creación empleo, traduciéndose en un aumento del PIB de la región en un 1,6% a medio y largo plazo y unos 50.000 nuevos empleos”.

Como ha asegurado, “solo las comunidades autónomas publican hasta 800.000 páginas de normativa en sus boletines oficiales cada año” y, mientras “se ha ido construyendo un gran mercado único y abierto entre los países de la Unión Europea, nuestro país ha ido tomando la deriva de una segmentación de 17 mercados, cada uno con su normativa propia y distinta, incluso contradictoria respecto a la de la región colindante”.

El resultado del modelo español ha afeado el popular, ha provocado que “las empresas que quieran operar en todo el territorio nacional deban someterse a diferentes requisitos en función de donde operen; a su vez, a verse obligadas a adaptar sus productos y servicios según donde los comercialicen y, por último, a atenerse a múltiples licencias o autorizaciones para comercializar un mismo producto o servicio”.

Todo esto ha conllevado, ha dicho, a la “imposibilidad de aplicar economías de escala debido a la elevación de costes de transacción o a dificultades de movilidad, hasta el extremo discriminatorio de servicios o productos, incluso de personas si tenemos en cuenta las barreras lingüísticas que se imponen en aquellos territorios con lenguas cooficiales”. El resultado: “El impedimento de extraer los frutos de un mercado amplio de 45 millones de españoles, reduciéndose a mercados de 6,5 millones de madrileños, en nuestro caso”.

“Esta nueva Ley de Mercado Abierto ahondará aún más en esa liberalización de nuestra economía regional, redundando en mayor atracción de inversión, mayor actividad económica, mayor empleo, mayor renta y por tanto sin duda seguiremos siendo la región más solidaria por lo que los madrileños seguiremos garantizando los servicios públicos en muchas otras regiones de España”, ha señalado el popular.

Por otro lado, como ha indicado, existe una “sobreabundancia normativa que nos ha dejado un marco jurídico excesivamente complejo repleto de duplicidades de regulación y normas contradictorias”, una situación que conlleva “importantes sobrecostes y consecuencias nefastas para la economía: desincentiva las inversiones, ocasiona inseguridad jurídica e impide a las empresas beneficiarse de las economías de escala”.

Sin embargo, la nueva Ley de Mercado Abierto supone “la oportunidad de crear un mercado abierto para la prestación de bienes y servicios de la Comunidad de Madrid con el objetivo de garantizar la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos en el territorio de la región, eliminando obstáculos injustificados, favoreciendo las formas de intervención administrativa menos lesivas para los operadores económicos en sus actividades, dinamizando el mercado, fomentando la competencia que en definitiva viene a producir efectos beneficiosos para los consumidores finales”.

“Dado que el mercado abierto es una dinámica en la que, de forma continua y sucesiva, se ha de ir trabajando en la reducción de trabas y obstáculos a la libre iniciativa económica, en este sentido este proyecto de Ley impone a nuestra administración autonómica la obligación permanente de ir adaptando su legislación en la perspectiva de las mejores prácticas de las demás comunidades autónomas”, ha explicado el diputado popular. Asimismo, la Comunidad de Madrid -a través de esta Ley- “pretende establecer un mecanismo adicional para el desarrollo y garantía de la unidad de mercado”.

​