El Parlamento regional se ha pronunciado a favor de la creación de la comisión de estudio propuesta por el GPP sobre las consecuencias que tendrá para los madrileños el llamado “acuerdo bilateral de concierto singular de Cataluña”.

Esta comisión estudiará el impacto que la implantación de este acuerdo tendrá sobre la financiación de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid, así como los efectos sobre la gestión, recaudación e inspección de los tributos.

En este sentido, el diputado Ángel Alonso, ha señalado durante su intervención en el Pleno que “una deuda no desaparece, sólo cambia de manos e hipoteca a las generaciones futuras de españoles, castiga a quienes, como Madrid, hemos sido responsables y genera más incertidumbre y desconfianza hacia España. Perjudica a todos y sólo da alas al independentismo”.

Con esta iniciativa, el GPP pretende también analizar la incidencia en los principios de igualdad ante la ley y las oportunidades, así como en la solidaridad entre los españoles, ya que supone “un ataque a la solidaridad entre regiones, a la igualdad entre sus ciudadanos y a la concepción de que toda la riqueza del país esté subordinada al interés general, preceptos especialmente consagrados en nuestra Constitución”, ha destacado Alonso.

La Asamblea de Madrid ha aprobado en el Pleno de hoy una Proposición No de Ley (PNL) a propuesta del GPP en la que se reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que se amplíe la vida útil de las centrales nucleares y solicita la revisión del calendario para su cierre eliminando criterios ideológicos en favor de criterios técnicos y de seguridad.

La nuclear es una fuente de energía estratégica para España y clave en situaciones de crisis energética y meteorológica. Por ello, el GPP pide en esta PNL que se abra un diálogo con las empresas operadoras para la continuidad de las instalaciones nucleares actuales como la de Almaraz, una medida necesaria para garantizar el suministro eléctrico y evitar un impacto negativo en el desarrollo industrial y económico de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, la propuesta recoge la necesidad de adecuar la carga fiscal de la energía nuclear a niveles del resto de países miembros de la UE para garantizar su viabilidad. El texto refleja la necesidad de revisar la política fiscal aplicada al sector, en particular la ‘Tasa ENRESA’, cuyo incremento del 30% impuesto unilateralmente por el Gobierno central genera inseguridad jurídica y pone en riesgo la continuidad de las centrales.

Además de ser pieza fundamental para el equilibrio y la competitividad del sistema eléctrico nacional, la nuclear evita la emisión de alrededor de 30 millones de toneladas de CO₂ al año, contribuye decisivamente a los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y disminuye el consumo de combustibles fósiles como el gas y el carbón, que son escasos, caros y muy contaminantes.

En este sentido, Rafael Núñez, portavoz adjunto del GPP en la Asamblea y encargado de defender esta iniciativa en el Pleno, ha señalado que “la nuclear es la única energía limpia que es autónoma respecto a las condiciones climatológicas”, por lo que “si sólo se atendiera a los hechos, sin prejuicios ni sesgos ideológicos, todos los diputados estarían de acuerdo en que esta energía dota de estabilidad, continuidad y seguridad al sistema eléctrico, no emite emisiones y evita la dependencia del exterior”.

Por ello, la propuesta insta también a que se evalúe el impacto económico y medioambiental del cierre programado por el Gobierno de Sánchez, algo “contrario al signo de los tiempos, catastrófico desde el punto de vista social y económico”, ha destacado Núñez.

“España es el único país con centrales nucleares que quiere cerrarlas. Primero, con una batería de impuestos específicos que impidan su rentabilidad y, si sobreviven, imponer su cierro obligatorio”, ha indicado Núñez en su intervención para luego explicar que este cierre “comprometería el suministro, aumentaría los precios para las empresas y las familias de una manera descomunal e incrementaría la producción de CO₂, además de comprometer inversiones valoradas en 6.000 millones de euros relacionadas con los centros de datos, la inteligencia artificial y el sector tecnológico, y que dependen de la estabilidad y la garantía del suministro en la región”, ha añadido.