La Comunidad de Madrid cuenta, a partir de este jueves, con la nueva Ley de derechos, garantías y protección integral de la infancia y la adolescencia, después de que haya sido aprobada en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Como ha defendido Marimar Blanco, diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, ha celebrado que se haya dado “un paso firme y decidido a mejorar la vida y el bienestar de los niños y adolescentes con la aprobación de este proyecto de ley que no deja a nadie sin cobertura” y que, además, “garantiza que todos nuestros niños y jóvenes puedan recibir la asistencia y la atención necesaria”.

Se trata de una norma que “incluye un derecho de nueva generación como es el derecho al desarrollo y al crecimiento del niño en el seno de una familia” y, para ello, la Comunidad de Madrid “prestará especial atención a las actuaciones preventivas y proporcionará a las familias el apoyo necesario para el ejercicio de sus funciones parentales, algo novedoso a nivel autonómico teniendo en cuenta que la comunidad de Madrid es las primeras en afirmarlo y regularlo como derecho”.

Se incluyen así previsiones novedosas “como el apoyo a la futura madre en el cuidado y buen trato prenatal, con una mención expresa a las madres adolescentes y jóvenes”, al tiempo que se da “relevancia del acogimiento familiar como forma prioritaria”. En materia de acogimiento residencial, la norma “contempla un cambio de modelo enfocado hacia recursos más especializados y de pequeño tamaño”.

Se establece “de forma específica el derecho a la protección de la salud mental, a la prevención y tratamiento de adicciones, así como la promoción de la vida saludable” y se preocupa por los “jóvenes que salen del sistema de protección y a su preparación para la vida independiente”. Por supuesto, ha continuado Blanco, “damos un paso firme a la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, convirtiendo a nuestra comunidad de nuevo pionera en esta materia con la puesta en marcha de la casa de los niños, modelo de atención integral en caso de abuso sexual infantil”.

En definitiva, se trata de una ley que “mira de frente a los niños y adolescentes y también a sus familias, que esperan de nosotros que cambiemos su realidad, que atendamos sus necesidades y que mejoremos ese día a día”, ha dicho la popular antes de señalar que “este es nuestro firme compromiso porque una sociedad que no es capaz de proteger a sus niños se convierte en una sociedad que no merece la pena”.

La Asamblea de Madrid ha dado luz verde este jueves a la Ley del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias (SIPCE), una normativa que actualiza y adapta la capacidad de respuesta del Gobierno regional ante posibles catástrofes o incidentes que supongan un peligro para las vidas, los bienes o el medio ambiente.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Núñez, ha sido quien ha defendido la posición popular, asegurando que “este es un texto que viene a marcar un cambio significativo e importante en el ámbito de las emergencias de la Comunidad de Madrid en ámbito de la protección civil y de las emergencias de la región y que viene,  de alguna manera, a plasmar y satisfacer parámetros que se han ido plasmando y reflejando en las acciones que ha tenido que desarrollar la Comunidad de Madrid”.

Es una ley coherente, lógica y lo más importante, con una capacidad de respuesta operativa lo más próxima posible al ciudadano y lo más rápida posible al ciudadano, que es el objetivo que busca cualquier responsable político. Por ello el objetivo es muy claro: mejorar la eficiencia, la eficacia en la reacción ante el mundo de las emergencias y los fines son regular a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias como ente derecho público, todos y cada uno de los parámetros que tiene que ver desde el punto de vista de la coordinación.

Se trata, ha continuado, de “crear el Sistema Integrado de Protección Civil donde se integran todos y cada uno de los cuerpos que viene desarrollando y prestando servicio en la Comunidad de Madrid, bajo el paraguas de un ente de derecho público que, hasta ahora, lógicamente no lo era”, así como recoger “la normativa de Protección Civil, que está muy dispersa en un ámbito normativo concreto y establecer como prioridad un régimen sancionador en materia de protección civil, dentro de la potestad sancionadora que tiene la Comunidad de Madrid”.

Entre las novedades, se “regula la estrategia de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, estableciendo las capacidades de respuesta que tiene que tener y haciendo un análisis prospectivo de cada una de ellas, en este caso, de las circunstancias que puedan afectar a la población de nuestra comunidad”, así como la “creación de los planes de actuación en el ámbito autonómico mucho más allá de los ámbitos y de los planes que a nivel nacional viene estableciendo la Dirección General del Ministerio del Interior respecto a estos planes”, ha comentado.  

Por otro lado, la ley establece “la incorporación no solamente del personal que trabaja en número dos a la propia agencia como tal, sino dota de carácter de personal de emergencias a todas aquellas personas que vienen prestando un servicio desde el punto de vista de la información a la ciudadanía, que es esencial en los momentos de gestión de cualquier tipo de circunstancia o de catástrofe que se pueda producir”, ha señalado el popular.

Por último, ha indicado, la norma da lugar a la “posibilidad de que la Comunidad de Madrid se persone como acusación particular en procedimientos policiales derivados de las emergencias y que pueda interponer acciones civiles para resarcir de los gastos ocasionados y asumidos por los servicios de emergencia, especialmente en los casos de negligencia grave”.

Este texto legal autonómico entrará en vigor en abril tras su publicación en el Boletín Oficial regional -BOCM-, convirtiendo a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en un ente público de derecho, lo que supone un mayor beneficio para el ciudadano, ya que dota de una mayor agilidad a los servicios públicos de la región en la gestión de las emergencias.