El GPP saca adelante el dictamen que concluye que el concierto singular de Cataluña es inconstitucional y perjudica especialmente a Madrid

El Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante en el Pleno de hoy en la Asamblea de Madrid el dictamen final de la Comisión de Estudio para el análisis de las consecuencias que tendría para los madrileños el llamado “Acuerdo bilateral del concierto singular de Cataluña”, y el texto concluye que este pacto es inconstitucional y perjudica especialmente a Madrid.

El documento, aprobado ya en comisión el pasado 18 de febrero, incluye un total de siete conclusiones que ponen de manifiesto que el acuerdo no tiene ningún encaje constitucional, ya que rompe tanto el principio de igualdad entre ciudadanos como el de solidaridad interterritorial y recoge que un cupo catalán conllevaría la necesidad de reformar la Constitución. Así lo ha explicado el diputado Francisco Galeote, secretario en la comisión y encargado de exponer el texto en el Parlamento regional, quien ha explicado que “hacerlo mediante la reforma de la LOFCA sería hacerlo por la puerta de atrás y privilegiar a Cataluña, que pasaría a conseguir su independencia fiscal como paso previo a un nuevo proceso secesionista”. “El objetivo de siempre del separatismo, pero ahora con la complicidad del presidente del Gobierno”, ha señalado.

En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado Ángel Alonso, portavoz del GPP en la comisión, quien ha afirmado que el acuerdo entre Pedro Sánchez y ERC es un ataque frontal a la España de ciudadanos libres e iguales que hoy conocemos” y ha advertido de que “nos jugamos la esencia misma de España porque este acuerdo es la forma de obtener la independencia fiscal para hacer caja y financiar un nuevo proceso secesionista”.

En su intervención, Alonso ha explicado las consecuencias económicas y sociales de este acuerdo, que pone en riesgo la prestación de servicios públicos comunes en todas las Comunidades Autónomas, dejaría a la Administración General del Estado sin recursos suficientes para poder ejercer las funciones que la Constitución le asigna, anulando la capacidad del Estado de garantizar el equilibrio territorial y social, y supondría la fractura de la Agencia Tributaria Estatal.

Por ello, el diputado popular se ha dirigido a los grupos de izquierda para recriminarles que hayan entregado “la bandera de la solidaridad, de la igualdad y de la atención social a los más débiles con tal de mantener a su amo en el poder”.

Asimismo, se evidencia que Cataluña no está infrafinanciada y que su problema no es de financiación, sino de gestión. A pesar de ser la Comunidad Autónoma con las tarifas más altas de las distintas figuras tributarias y la que más impuestos propios tiene, ha generado sucesivos déficits fiscales y una deuda pública que hacen difícilmente sostenible sus cuentas. Sin embargo, ese incremento exponencial del gasto no ha estado vinculado a una mayor prestación de servicios públicos, sino que ha estado encaminado a generar una estructura del Estado paralela al español, orientado a la idea de conseguir la independencia, concluyen en la comisión.

“Sánchez e Illa quieren intervenir la autonomía financiera de Madrid para acabar con el modelo fiscal que deja en evidencia el suyo”, ha apuntado Alonso, quien ha señalado que “Pedro Sánchez utiliza el acuerdo con Cataluña para intentar acabar con el modelo de éxito de Madrid, meter sus manos en nuestros bolsillos y que seamos los madrileños los que paguemos la fiesta corrupta del separatismo”.

En esta línea se pronuncia también el dictamen de los populares, que determina que Madrid quedaría, prácticamente, como la única comunidad responsable de financiar la redistribución territorial, lo que pondría en riesgo la prestación de sus servicios públicos o conllevaría un incremento de la presión fiscal sobre los madrileños. De esta manera, se acabaría con el modelo fiscal de impuestos bajos de la Comunidad de Madrid, que es la garantía de prestación de los mejores servicios públicos.

Por último, las conclusiones reflejan también la posibilidad que recoge el acuerdo de poder extender estas condiciones a otras CCAA y abrir la puerta a una generalización del sistema de concierto, y explica que sería una trampa porque lo que propone es desequilibrar el sistema en favor de los territorios, dejando a la Administración central en una posición subordinada.

“Sánchez ha conformado una coalición con aquellos que siempre han querido poner fin a la España del 78 para alumbrar un nuevo régimen confederal que contente a sus socios, pero que le permita hacerse con todos los resortes del Estado, apuntar las instituciones liberales, desactivar el Poder Legislativo y controlar el Poder Judicial para eternizarse en el poder y que no haya alternancia”, ha afirmado el popular.