La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Marimar Blanco, ha señalado este jueves durante el Pleno de la Cámara, en el que se ha debatido el dictamen del Proyecto de Ley de Creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, que esta norma busca que “situar a las personas con discapacidad “en el centro de todo el sistema de prestación de apoyos y les convierta en auténticos protagonistas de sus vidas”.

“Hoy damos un paso más para la aprobación definitiva del proyecto de Ley de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las personas Adultas con discapacidad, una norma que debería contar con el consenso de todos los grupos teniendo en cuenta que hablamos de avanzar en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, así como su voluntad y preferencias”, ha señalado la popular al inicio de su intervención antes de lamentar que, sin embargo, “desgraciadamente una vez más el PSOE y Mas Madrid vuelven a dar prioridad a sus intereses electoralistas y partidistas frente a los intereses de las personas”.

El texto “no se centra únicamente en una modificación de denominaciones”, sino que se trata de un proyecto de ley “imprescindible para la transformación de la actual Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos en un nuevo ente de derecho público” que sitúe a las personas con discapacidad “en el centro de todo el sistema de prestación de apoyos y les convierta en auténticos protagonistas de sus vidas”.

Para ello, el proyecto contempla “el establecimiento de la estructura y la organización de la Agencia que permita proporcionar una respuesta integral a las necesidades de apoyo de la persona en todos los ámbitos de su vida”, ha comentado Blanco, quien ha insistido en la necesidad de garantizar para ello “planes individualizados de intervención en los que participe la persona y su entorno”.

Sin embargo, ha dicho, la norma -a diferencia de otras leyes “que hemos conocido en las últimas semanas aprobadas por el Gobierno de España”-, ha contado desde su fase de consulta pública “con las entidades del Tercer Sector incorporando al texto numerosas propuestas formuladas, así como con las de colegios profesionales como el de psicología o los agentes sociales”. Por ello, para la popular es “sorprendente” que algunos grupos “no apoyen” esta ley.

“Cuesta entender que quienes se han apoderado de manera injusta de la verdad absoluta en relación a las políticas sociales, haciendo bandera de ello cada día, hoy vaya a dar la espalda a las personas con discapacidad”, ha afeado Blanco antes de recordar que la norma “nos va a permitir a todos avanzar hacia una sociedad mucho más justa, un nuevo sistema fundamentado en el respeto a la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad en el ejercicio de sus capacidad jurídica”. 

Asimismo, para la popular “la Agencia es pionera a nivel nacional”, pues no hay ninguna otra comunidad autónoma que cuente un ente público de este tipo, algo que ejemplifica una vez más que la Comunidad de Madrid “sigue apostando porque la administración sea garante a la hora de prestar servicios esenciales a las personas más vulnerables”.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Núñez, ha asegurado este jueves durante el debate del dictamen del Proyecto de iniciativa legislativa para instar al Congreso de los Diputados a modificar la ley de Demarcación y Planta Judicial que “como piden las asociaciones de magistrados, el Partido Popular quiere que sean los propios jueces los que elijan a los jueces”.

“Vamos a hablar de una de las competencias que tienen las comunidades autónomas, porque la Comunidad de Madrid también es Estado. O qué pasa, ¿que la Comunidad de Madrid es menos Estado que la Generalitat de Cataluña, que también habla de temas que competen al conjunto de la nación?”, ha lanzado tras escuchar a la oposición.

“Ellos son igual de Estado que nosotros y, por ello, lo vamos a hacer aquí” aunque, ha reiterado, “la izquierda no esté de acuerdo porque, entre otras cosas, lo que quieren es un Gobierno de los jueces, que estos sean cautivos de la izquierda, de su ideología”.

El Partido Popular, ha insistido, lo que busca “es cumplir en este caso las recomendaciones y algunos mandatos que establece el grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa (Greco), la propia Comisión Europea, el Consejo de Europa o la asociación de magistrados sudamericanos, entre otras muchos organismos internacionales”.

Como reconocen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de derechos humanos, ha comentado, “el Estado de derecho también engloba cuestiones institucionales, como tribunales independientes e imparciales y la separación de poderes” y “respetar el Estado de derecho es también esencial para que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones públicas, sin esa confianza las sociedades democráticas no pueden funcionar”.

“La defensa de la independencia de un poder del Estado, como es la justicia, es una parte sustancial de la forma de Gobierno de la Europa unida” y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “como encargado de interpretar este concepto de independencia judicial”, dijo: “Los jueces no están sometidos a órdenes instrucciones o presiones de otros órganos en particular de los poderes legislativo y Ejecutivo todo ello conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento del Estado de derecho”, ha recordado.

Así, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y desde el GPP “defendemos que, con el afán de garantizar más la independencia judicial también los parlamentos autonómicos pueden acordar eliminar su participación en los procesos de nombramiento de un magistrado para las salas de lo civil y penal de los distintos tribunales superiores de Justicia, correspondientes al llamado turno autonómico”, ha indicado el popular.

El objetivo de la Comunidad de Madrid con esta iniciativa, por tanto, es “contribuir a eliminar cualquier sospecha de politización de la justicia y con ello profundizar en la independencia judicial”, ha continuado Núñez antes de aserverar que desde el GPP son “conscientes” de que “el principio de división de poderes es consustancial a la existencia misma del Estado de derecho democrático”.

“Nuestro afán es llevar a cabo reformas que refuercen esa independencia judicial para terminar con la percepción de la sociedad española y el debilitamiento del principio de separación de poderes”, ha finalizado.