El diputado del GPP, Juan Peña Ochoa, ha señalado este jueves en el marco del Pleno de la Asamblea de Madrid que “todos en esta Cámara estamos de acuerdo con los beneficios del uso de la bicicleta, no puede valorarse de otra manera, es simplemente incontestable”, sin embargo, la propuesta presentada por Más Madrid contiene una serie de “imposiciones” contempladas en el trabajo que la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid está llevando a cabo en la elaboración de la Ley de Movilidad Sostenible.

Esta norma, ha señalado, tiene por objeto “la ordenación de la movilidad en su ámbito territorial, teniendo en cuenta la transformación ecológico y digital, una movilidad sostenible, competitiva y segura” y “garantizar las condiciones adecuadas de funcionalidad y continuidad de las vías exclusivas para bicicletas y de los carriles ciclo- peatonales” de los municipios.

Asimismo, la norma contempla “promover la construcción de vías ciclistas” para su integración en la Red Básica de la Comunidad de Madrid y, además, “salvaguardar la seguridad en la circulación de peatones y ciclistas” con iniciativas enfocadas a “mejorar la segregación entre distintos modos de transporte”.

La norma contemple, además, que los ayuntamientos fomenten “la movilidad no motorizada de forma segura y armonizada con el resto de los modos de transporte”, prestando especial atención a la “conectividad de las áreas centrales urbanas, los centros educativos, las zonas comerciales y de ocio”, así como las zonas en las que “se desarrollen actividades económicas y los nodos de transporte”.

Sin embargo, la PNL impulsada por Más Madrid “pide que se elabore un Plan Regional de Movilidad Ciclista”, una norma que sin embargo está contemplada “en la Ley de Movilidad que está elaborando el Gobierno”, o solicita que “constituir una mesa de trabajo permanente con todos los actores vinculados al sector de la movilidad ciclista y su uso intermodal en el ámbito de la Comunidad de Madrid”, algo que está “ya en pleno funcionamiento” a través de la Dirección General de Carreteras.

Por otro lado, ha continuado Peña, pretenden realizar “un plan de carriles bici protegidos del tráfico motorizado asegurando condiciones óptimas para la ciclabilidad”, algo que también se contempla en el Plan de Carreteras, a través de la licitación de la Dirección General de Carreteras, con la cual está prevista “el análisis, diagnóstico y propuestas de medidas para la creación de una Red básica de Vías Ciclistas de la Comunidad de Madrid”.

La Comunidad de Madrid, ha continuado el popular, en la actualidad cuenta con vías ciclistas como “el anillo verde ciclista; el ramal hacia la M-616; la vía ciclista en M-301, desde el paso de la M-40 con la M-301 hasta la San Martín de la Vega; o la vía verde parte de Arganda del Rey y termina en Orusco y tiene un recorrido de unos 47 km”, entre otros.

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El diputado del GPP, Eduardo Raboso, ha señalado durante el debate de totalidad de la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que “la pandemia ha demostrado que la Ley de Farmacia vigente hasta el momento tiene graves carencias” debido a su antigüedad que, además, “hacen que el sistema sanitario tenga vulnerabilidades”.

“La atención farmacéutica es uno de los pilares de la asistencia sanitaria, uno de los sectores científicos de más rápida evolución y, sin duda, de los que más influye en nuestra calidad de vida”, ha comenzado Raboso, quien ha explicado que en Madrid la ley que regula la farmacia es del año 1998.

En estos 24 años, ha dicho, “en la farmacopea se ha renovado prácticamente por completo el catálogo de productos farmacéuticos, apareciendo familias de fármacos que requieren marcos de utilización que eran totalmente desconocidos cuando se elaboró la Ley del 98”.

Pero, en especial, ha sido la pandemia del Covid-19 la que “ha demostrado que la Ley de Farmacia tenía carencias graves que en situaciones como la vivida hacían que el sistema sanitario tuviera vulnerabilidades percibidas tanto por los profesionales sanitarios como por la población general”. Por este motivo, ha argumentado, “urge actualizar el marco normativo de la farmacia de Madrid”.

Por otra parte, Raboso ha recordado que esta ley “lleva dos años elaborándose” en la consejería de Sanidad, en la que se ha atendido “prácticamente a toda persona o colectivo que ha querido acercarse a exponer sus puntos de vista”. Además, ha asegurado que “no he conocido ninguna ley sanitaria que haya recabado de una forma tan intensa y abierta el consejo de las personas que van a ser legisladas por esta norma”.

Para finalizar, ha defendido que “existe urgencia en cambiar el marco normativo de farmacia” porque él mismo, médico de profesión, “como cualquier personal sanitario que haya trabajado en los dos últimos años en Madrid y en cualquier parte del mundo”, ha echado de menos “mayor agilidad y flexibilidad en muchas cosas”.

 En este punto, ha insistido en que al respecto pueden preguntar “a los farmacéuticos, algunos de los cuales tuvieron que conculcar la ley previa para poder dar servicio a la sociedad, a los ciudadanos de Madrid”. Pero ha querido dejar claro que la urgencia “no significa que haya habido precipitación”, ya que “dos años de elaboración no se puede decir que sea una característica de una ley precipitada”.

El diputado del GPP, Carlos Segura, ha defendido este jueves en el Pleno de la Cámara regional la necesidad de “crear un marco legal” que de todas las garantías y seguridad a las 17.000 familias que hoy en día viven del sector del VTC en la Comunidad de Madrid y que el ministro Ábalos dejó “en un vacío legal”.

Ha sido durante el debate de la tramitación por lectura única de la modificación de Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, cuando Segura ha afeado que “el gobierno social comunista no ha resuelto nada” y ha dejado “en un limbo legal a las VTC”, un sector que engloba ·trabajadores, familias y usuarios” que requieren de “respuestas y soluciones a su situación”.

“¿Qué hacemos ahora?”, ha preguntado el popular a la bancada socialista para, a reglón seguido, asegurar: “Gestionar, gobernar y seguir fomentado el empleo y la libertad de elección de movilidad del usuario”. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha recordado, presentó el 4 de mayo de 2021 un programa electoral “donde en el punto 295 expuso su propuesta de regular el sector de las VTC y desregular el sector del taxi y, al mismo tiempo, dar a este último, ayudas para su modernización”, una idea que fue junto con el resto de su candidatura “obtuvo 1,6 millones de apoyos”.

En este punto, el popular ha cuestionado que “ninguno de los votantes de izquierda” utilice esas aplicaciones “que ustedes hoy a demonizado”, pues según una encuesta de Metroscopia de abril de 2022, “el 87 por ciento de los ciudadanos quieren que se regulen las VTC para que puedan seguir prestando servicios urbanos”. “Señorías de la izquierda, el 65 por ciento de los votantes de Podemos, el 88 por ciento de los votantes de Más Madrid y el 87 por ciento de los votantes del PSOE, quieren que las VTC sigan prestando servicios urbanos”, ha dicho Segura.

Asimismo, el diputado del GPP ha lamentado que la izquierda, con su negativa, quiera “acabar con los puestos de trabajo de 17.000 familias”, un total de “305 millones de euros en salarios padres y madres de familia”. Este hecho, ha ejemplificado, podría equivaler “al cierre de Fasa Renault en España, que tiene 17.000 empleos y cuyo cierre sería un drama y seguro que todos estaríamos en contra”.

“Existe una necesidad urgente e inaplazable de regular las VTC, por eso señorías lo traemos por lectura única, ya que el tiempo apremia”, ha continuado. “El Proyecto Ley que hoy presentamos está alineado con las recomendaciones que ha hecho la Comisión Europea” ya que los servicios de transporte “están incluidos en el ámbito de aplicación de la libertad de establecimiento consagrada en el articulo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

Para finalizar, Segura ha afeado que mientras que en otras comunidades autónomas “han privado del servicio a los ciudadanos y hoy la justicia ya está poniendo en duda tanto la proporcionalidad como la constitucionalidad de las restricciones”, en la Comunidad de Madrid se seguirá “trabajando para que los ciudadanos puedan seguir eligiendo y viviendo en libertad”.