El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Orlando Chacón, ha señalado este jueves ante la Cámara regional que la “Ley de Mercado Abierto que nos propone el Consejo de Gobierno nace con el espíritu y la pretensión de consolidar una unidad de mercado real en España”, un mercado que sea “fiel espejo y reflejo de cómo se ha ido construyendo ese gran proyecto de mercado único y abierto que es hoy la Unión Europea”.

“La realidad es que España sufre un grave problema de fragmentación del mercado nacional como consecuencia de la hiperregulación administrativa”, ha explicado Chacón en el marco del debate de totalidad del proyecto de Ley de Mercado Abierto que ha tenido lugar este jueves durante el Pleno de la Asamblea. La norma, ha dicho, “supondrá un impulso de la actividad y la creación empleo, traduciéndose en un aumento del PIB de la región en un 1,6% a medio y largo plazo y unos 50.000 nuevos empleos”.

Como ha asegurado, “solo las comunidades autónomas publican hasta 800.000 páginas de normativa en sus boletines oficiales cada año” y, mientras “se ha ido construyendo un gran mercado único y abierto entre los países de la Unión Europea, nuestro país ha ido tomando la deriva de una segmentación de 17 mercados, cada uno con su normativa propia y distinta, incluso contradictoria respecto a la de la región colindante”.

El resultado del modelo español ha afeado el popular, ha provocado que “las empresas que quieran operar en todo el territorio nacional deban someterse a diferentes requisitos en función de donde operen; a su vez, a verse obligadas a adaptar sus productos y servicios según donde los comercialicen y, por último, a atenerse a múltiples licencias o autorizaciones para comercializar un mismo producto o servicio”.

Todo esto ha conllevado, ha dicho, a la “imposibilidad de aplicar economías de escala debido a la elevación de costes de transacción o a dificultades de movilidad, hasta el extremo discriminatorio de servicios o productos, incluso de personas si tenemos en cuenta las barreras lingüísticas que se imponen en aquellos territorios con lenguas cooficiales”. El resultado: “El impedimento de extraer los frutos de un mercado amplio de 45 millones de españoles, reduciéndose a mercados de 6,5 millones de madrileños, en nuestro caso”.

“Esta nueva Ley de Mercado Abierto ahondará aún más en esa liberalización de nuestra economía regional, redundando en mayor atracción de inversión, mayor actividad económica, mayor empleo, mayor renta y por tanto sin duda seguiremos siendo la región más solidaria por lo que los madrileños seguiremos garantizando los servicios públicos en muchas otras regiones de España”, ha señalado el popular.

Por otro lado, como ha indicado, existe una “sobreabundancia normativa que nos ha dejado un marco jurídico excesivamente complejo repleto de duplicidades de regulación y normas contradictorias”, una situación que conlleva “importantes sobrecostes y consecuencias nefastas para la economía: desincentiva las inversiones, ocasiona inseguridad jurídica e impide a las empresas beneficiarse de las economías de escala”.

Sin embargo, la nueva Ley de Mercado Abierto supone “la oportunidad de crear un mercado abierto para la prestación de bienes y servicios de la Comunidad de Madrid con el objetivo de garantizar la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos en el territorio de la región, eliminando obstáculos injustificados, favoreciendo las formas de intervención administrativa menos lesivas para los operadores económicos en sus actividades, dinamizando el mercado, fomentando la competencia que en definitiva viene a producir efectos beneficiosos para los consumidores finales”.

“Dado que el mercado abierto es una dinámica en la que, de forma continua y sucesiva, se ha de ir trabajando en la reducción de trabas y obstáculos a la libre iniciativa económica, en este sentido este proyecto de Ley impone a nuestra administración autonómica la obligación permanente de ir adaptando su legislación en la perspectiva de las mejores prácticas de las demás comunidades autónomas”, ha explicado el diputado popular. Asimismo, la Comunidad de Madrid -a través de esta Ley- “pretende establecer un mecanismo adicional para el desarrollo y garantía de la unidad de mercado”.

​