El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Álvaro Moraga, ha defendido este jueves ante los parlamentarios de la Cámara regional la postura popular ante la iniciativa presentada por la oposición sobre los mecanismos para evitar la corrupción y ha indicado que “no solo teníamos el derecho a utilizar la contratación de emergencia durante la pandemia, sino que teníamos la obligación de hacerlo con el propósito de salvar vidas”.

“Llevan más de cuatro meses intentando sembrar la especie de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha contratado irregularmente y de que ha abusado de la contratación de emergencia y han sido incapaces de acreditarlo una sola vez”, ha señalado Moraga, quien además ha asegurado a la bancada de la izquierda que “no solo teníamos el derecho a utilizar la contratación de emergencia, sino que teníamos la obligación de hacerlo con el propósito de salvar vidas”.

Por ello, el popular ha reiterado: “Lo volveríamos hacer, porque si no, no hubiera sido posible poner en pie el Hospital de IFEMA; que los colegios pudieran abrir de una manera segura para profesores y alumnos los cursos 20/21 y 21/22; y, como no, no hubiera sido posible que se construyera el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que ha administrado más de 2.000.000 de vacunas y que, por cierto, la presidenta ha ofrecido para los ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra”.

Los madrileños, ha dicho, saben muy bien que “todas estas actuaciones realizadas de un modo responsable y eficaz no hubiera sido posible sin un gobierno comprometido, que en todo momento ha actuado de acuerdo con la ley y siempre al servicio de todos los ciudadanos”, ha continuado al tiempo que ha afeado que con la iniciativa que copaba el debate, la izquierda pretende “darnos lecciones de ejemplarizad cuando durante los peores momentos de la pandemia el Gobierno de España adjudicó contratos escandalosos”.

Más allá de eso, ha explicado el popular, la intención de la Proposición No de Ley presentada por Más Madrid “de introducir la obligatoriedad del acta de titularidad real, no lo exige ninguna ley y además supondría un sobrecoste económico innecesario”. Respecto al “deber de publicar los contratos de emergencia en un máximo de 15 días ya está recogido en el Art. 151 de la LCSP”. Asimismo, el GPP rechaza el planteamiento de “mantener el procedimiento de elección de los consejeros de la Cámara de cuentas y su propuesta de elaborar mapas de riesgo por inconveniente o porque ya está regulado”.

“Nosotros no rehuimos el debate y ustedes se han referido, una vez más, al contrato relacionado con el hermano de la presidenta Díaz Ayuso, un contrato perfectamente legal, que cumple todos los requisitos exigibles de la contratación pública: informe de intervención; dación de cuentas al Consejo de Gobierno, recepción del material objeto del contrato; y, todo ello, sin ningún reparo”, ha señalado Moraga.

El documento, ha asegurado, “no solo cumple todos los preceptos legales, sino que además es legítimo, pues de lo contrario cualquier familiar de un político en España no podría trabajar para ninguna Administración Pública, ni para empresas que a su vez trabajaran para las mismas, aunque lo vinieran haciendo mucho antes de que sus familiares accedieran a sus cargos públicos”.

La política, ha comentado, “no puede tener en su origen una acción manifiestamente injusta, como condenar a un familiar a abandonar su profesión”, sino que “el noble ejercicio de la política no puede partir con un vicio de origen inmoral, como es obligar egoístamente a sus familiares a que sacrifiquen sus profesiones”. Las personas y profesionales, ha señalado el diputado popular, “deben poder seguir trabajando en el sector en el que lo venían haciendo con total normalidad, todo lo cual es perfectamente compatible con la honradez o la transparencia en la gestión de la función pública”.

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El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Álvaro Ballarín, ha señalado que “si los jóvenes pueden apostar por un partido, es por el Partido Popular, que genera empleo” y favorece, a través de ello, el acceso a la vivienda a los más jóvenes. Pero, como ha asegurado en el marco del Pleno celebrado este jueves en la Cámara regional, lo hace “haciendo lo difícil: bajando los impuestos y manteniendo los servicios públicos de excelencia”.

“Se ha señalado en este debate que los jóvenes quieren emanciparse y, efectivamente, yo lo comparto. Los jóvenes quieren emanciparse, pero encuentran problemas en ello básicamente por dos motivos: el empleo y la vivienda”, ha comenzado Ballarín. Para paliar ambas trabas, el diputado popular ha recordado que el Gobierno regional tiene en marcha varias medidas y políticas para favorecer que los jóvenes y personas con discapacidad puedas adquirir viviendas.

Por un lado, ha indicado, en términos de vivienda la Comunidad de Madrid “tiene en marcha, tienen marcha tres planes y otros programas importantes, como por ejemplo la financiación de hasta un 20 por ciento de la entrada de una vivienda a cualquier joven que quiera acceder a ella”. A esta medida, además, se suma “el Plan Alquila Joven, que ha cerrado en estos dos últimos años más de 100.000 contratos, o el Plan Vive, que pondrá a disposición de los jóvenes y personas con discapacidad 25.000 viviendas en alquiler en suelo público en los próximos dos años”.

“Estamos en contra de la Ley de Vivienda del Gobierno socialista y de Podemos cuando habla del intervencionismo de los precios públicos”, ha continuado Ballarín, quien ha pasado a explicar que “cuando se interviene un precio público y se fija un precio de manera artificial, lo que se produce es que con ese precio haya menos oferta que demanda”, ha dicho. “Cuando hay más demanda que oferta, lo que se produce es desabastecimiento y se encarecen los precios, se crea un mercado negro y, por tanto, se consigue el efecto contrario del que se persigue”, ha advertido.

En términos de empleo, ha continuado el popular, “la reforma laboral lo que hace es crear menos empleo” ya que, como ha señalado, “el hecho de que tengan que ir a un convenio colectivo va a hacer que tengan que pagar por encima del precio de mercado, lo va a provocar que quiebren muchas empresas y que, al final, se genere desempleo”.

“Por lo tanto, si hay un gobierno que va contra la emancipación de los jóvenes ese es el Gobierno socialista”, ha dicho Ballarín. Sin embargo, el diputado popular ha indicado que “en la Comunidad de Madrid ya tenemos el impuesto de Transmisiones Patrimoniales para inmuebles más bajos de España”, así como ha recordado que la “política fiscal y de bajada impuestos es la más grande que hay en toda España”. Por ende, ha continuado, “lo que persigue esta medida ya está conseguido en la región con otros instrumentos”.

Por una parte, “para el acceso a viviendas en familias numerosas, en vez de aplicar el 6 por ciento general, la Comunidad Madrid y aplica el 4”, ha dicho para, a reglón seguido, relatar que “para personas con discapacidad y para jóvenes menores de 30 años que aspiren a viviendas de menos de 250.000 euros, contamos con una degradación del 10 por ciento”.

En cualquier caso, el diputado popular ha indicado que “con una política de bajos impuestos lo que se crea es una base mayor de recaudación, mayor riqueza, más empleo y se vuelven a generar unas bases imponibles que crean ese efecto que es el que no terminan de entender desde los partidos de izquierdas que condenan con sus políticas intervencionistas en materia laboral, de vivienda e impositiva”.

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