El diputado del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid, Ignacio Catalá, Ha afeado este jueves durante el Pleno de la Cámara regional que “todos los alcaldes socialistas del Sur y del Este de Madrid, cuando tienen que elegir entre Pedro Sánchez y sus vecinos, elige Pedro Sánchez”.

Ha sido durante el debate de la Proposición No de Ley presentada por el GPP para instar al Gobierno de España a invertir y mejorar la situación de la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid cuando Catalá ha recordado a los socialistas que esta medida “tiene detrás a personas reales que están sufriendo en su vida diaria la venganza de Sánchez contra los madrileños”.

“Como a algunos parece que les cuesta entender que nosotros también defendemos los servicios públicos, permítame que le pongamos cara”, ha explicado el popular antes de enumerar problemas reales de los ciudadanos madrileños, de “algunos de estos ciudadanos que la izquierda está perjudicando cada día en Madrid”, ha dicho.

Jesús, uno de estos ciudadanos “vecino de Valdebebas”, el pasado lunes “volvió a llegar tarde una hora a su trabajo tras costarle una hora y diez hacer un trayecto de cuatro estaciones hasta Atocha”. También Rocío, “vecina de Leganés, ha llegado 25 minutos tarde a su trabajo por tercera vez esta semana, sin que Santiago Llorente, su alcalde socialista, se haya quejado ante el Ministerio”.

Marta, “vecina de Parla, estuvo de nuevo encerrada 45 minutos en un tren sin luz en su trayecto Atocha, sin que Ramón Jurado, su alcalde socialista, se haya quejado ante el Ministerio”. Lo mismo le sucede a Antonia, “vecina de Getafe, que ha tenido que esperar esta semana más de una hora con temperaturas de cero grados en la estación de Getafe Industrial, sin que Sara Hernández, su alcaldesa socialista, se haya quejado ante el Ministerio”.

“Elena, vecina de Ciempozuelos, que debe cargar a pulso la silla de su hija de seis años, discapacitada por las escaleras, sin que Raquel Gimeno, su alcaldesa socialista, se haya quejado ante el Ministerio”, ha afeado el popular para, a reglón seguido, lanzar: “Es por todos estos madrileños y por los otros cientos de miles que sufren a diario el pésimo servicio de Cercanías que presentamos en esta iniciativa y que les pedimos que apoyen,  como hicimos nosotros la semana pasada, con la que presentó el Partido Socialista”.

Lo que está sucediendo con las Cercanía, ha dicho Catalá, “no es ya una cuestión política, sino de responsabilidad en la defensa de los servicios publicos”. Madrid, ha continuado, “necesita una nueva conexión ferroviaria con el Aeropuerto de Barajas, tanto como los vecinos del Juncal en Alcobendas, su estación de Cercanías”. Los parleños “merecen que el Ministerio rectifique y construya la segunda estación que merecen junto al hospital y no en medio de un descampado, y que los vecinos de Torrejón puedan acceder a ella”, ha comentado.

Alcalá necesita “un buen acceso norte y no un alcalde que se dedique a escurrir el bulto en sus plenos municipales y los vecinos de Villaverde y Aluche “se merecen unos accesos propios del Siglo XXI, los Móstoles una estación del Soto digna, porque sabían ustedes que la estación del Soto es la peor estación de cercanías de toda España, pero no verán a Natalia Pose quejarse ante el Ministerio”, ha finalizado.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Elisa Vigil, ha señalado este jueves en la Cámara regional que el Partido Popular “ha defendido y defenderá siempre a todas las personas por el hecho de haber nacido personas”, sin importar “a quién ame, con quien estén o lo que hagan”, ha dicho Vigil defendiendo “familias libres, personas libres y sin la izquierda, por supuesto”.

Vigil ha indicado que el Partido Popular y el Gobierno de la Comunidad de Madrid “sigue comprometido” en que la próxima legislatura “procederemos a establecer una nueva regulación” que marque “el cauce a las personas trans, pero que no desproteja a las mujeres ni a los menores”.

En el marco del debate de Toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Vox para derogar la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, celebrado este jueves en el Pleno, Vigil ha señalado que la Comunidad de Madrid buscará “eliminar todos aquellos puntos que atentan contra la mujer y su esencia”, así como “contra su participación en igualdad efectiva tanto en la vida profesional, personal, artística o deportiva”.

“Suprimiremos la llamada autodeterminación de género, que es la peor forma de defender la igualdad”, ha dicho Vigil antes de añadir que, además, “reforzaremos el acompañamiento constante y serio de profesionales desde la formación de equipos multidisciplinares, en unidades o centros de atención especializados”.

Por otro lado, “no se aplicarán cirugías a los menores” y se “suprimirán aquellas previsiones normativas que puedan inducir al adoctrinamiento”, ha indicado la popular. “Los documentos regionales, cuya responsabilidad corresponda emitir o facilitar a la Administración autonómica se hará, no por autodeterminación, sino por lo que diga el Registro civil o el DNI”, ha informado.

Además, ha expresado que, “teniendo como referente ineludible el artículo 24 de la Constitución”, la Comunidad de Madrid “suprimirá todo artículo o apartado que suponga la inversión de la carga de la prueba” en la próxima legislatura. Como ha relatado, en la X legislatura, cuando se aprobó dicha ley, que “no fue promovida ni por el gobierno de la Comunidad de Madrid ni por el Grupo Popular, una ley que no recibió el voto favorable del Partido Popular”.

Sin embargo, ha destacado, la norma “si no recibió el apoyo de mi grupo parlamentario, ni del gobierno de entonces, no fue por no creer en la necesidad de ayudar, proteger a las personas trans”, ni por “no ser conscientes de que era y es necesario regular el marco adecuado que reconozca y de cauce a una realidad innegable, como es la disforia de género, sino porque es una mala ley”, ha advertido Vigil.

La realidad es que se trata de una ley “muy deficiente, tanto desde el punto de vista de técnica jurídica, como por el contenido de varios de sus preceptos” y, por ello, “tuvimos muy claro, desde el principio que era una regulación que más tarde o más temprano tendríamos que cambiar”, como siempre se ha mantenido. Las circunstancias, ha dicho, “nos han llevado a que sea precisamente ahora, el momento” porque “antes no fue posible ni adecuado” al no contar con “los apoyos necesarios durante los mas de 5 años siguientes a la aprobación de la ley” y porque “cuando el 4 de mayo conseguimos la fuerza necesaria, el Gobierno de la nación, planteó su propio proyecto”.

“La mal llamada Ley Trans de Irene Montero “provoca un marco que favorece la confusión en menores y adolescentes”, una confusión que “puede a provocar realidades no deseadas que son irreversibles” y que es fruto “del dogmatismo de Irene Montero, que no solo numerosos colectivos y entidades representativas del feminismo clásico la han criticado, sino que hasta Carmen Calvo no quiso votar a favor”.