El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Núñez, ha señalado este jueves que la nueva Ciudad de la Justicia “es el mayor proyecto de concesión de obra pública que hay hoy en España” y permitirá, entre otras cosas, “proteger a las víctimas de delitos y a la intimidad de los usuarios”.

Ha sido tras escuchar la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, sobre el proyecto de construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia, cuando Núñez ha resaltado “la valentía de este proyecto en unos momentos tan complicados como los actuales”, así como la “determinación del consejero por culminar la agrupación judicial del partido judicial de Madrid”.

Este es, además, uno de los “hitos más importantes de este proyecto fue la puesta en marcha definitiva del Instituto de Medicina Legal y ciencias forenses (IML) en noviembre del año 2020”, un plan “de una enorme complejidad” cuyos objetivos principales pasan por “centralizar todos los edificios policiales en una misma sede solventando la falta de espacio y la antigüedad de los actuales edificios” y generar “espacios de reserva para futuras ampliaciones”.

Asimismo, entre los fines de la nueva Ciudad de la Justicia está el conseguir “mejorar la eficacia del funcionamiento eliminando la dispersión”, la creación de “unas infraestructuras judiciales modernas y accesibles para todas las personas” y, por último, el “proteger a las víctimas de delitos y a la intimidad de los usuarios, implementando espacios de atención específica y separación de circulaciones entre detenidos, funcionarios y público en general”.

Como ha comentado el portavoz adjunto del GPP, se ha planteado “un proceso participativo y un proceso de escucha que es la base de la colaboración público-privada” y, como ha dicho, “tan transparente está siendo este proyecto que incluso las alegaciones presentadas por el propio PSOE, al estudio de habilidad, han sido tenidas en cuenta en los pliegos”.

Por otra parte, el plan de la nueva Ciudad de la Justicia, ha asegurado Núñez, “ha despertado el interés del Banco Europeo de Inversiones», tanto que se ha podido ver a “varios miembros del BEI visitando in situ la parcela de Valdebebas”, algo que no hace sino demostrar “la importancia de este proyecto en el conjunto de la Unión Europea”.

La ampliación del plazo de presentación de instancias, ha continuado el popular, tiene su fundamento en “la elaboración de un programa económico por parte de las empresas interesadas, que en estos momentos debido a la cambiante situación económica es muy difícil poder redactar”.

Así, desde “la licitación en julio, el Banco Central Europeo ha subido el precio del dinero en varias ocasiones” y, desde julio, las “previsiones económicas de España, a la luz de las entidades independientes, son muy preocupantes”. De todo ello, ha insistido, que se “necesite tiempo para adoptar a la realidad, actual y futura, un estudio económico”.

Según ha señalado el popular, ha habido “diversas peticiones de ampliación de plazos, por parte de las empresas y especialmente por parte de SEOPAN y de la Asociación Nacional de constructores independientes (ANCI)”, siendo más de “200 consultas” las que han sido realizadas por diversas empresas.

Del mismo modo, para el portavoz adjunto no es “comparable el marco legislativo actual, mucho más estricto con los desequilibrios económicos, con el marco legislativo bajo el cual se construyeron los hospitales o la carretera M 45”. Como ha comentado, la nueva Ley de Contratos aprobada por el Partido Popular “impide que se vuelvan a dar esas situaciones, por tanto, estamos en un escenario con un gasto muy contenido, muy calculado y dónde es prácticamente imposible que haya desvíos”.

Así, ha finalizado, “los servicios que se proponen como usos asociados, que generen ingresos para el operador, son incluso deficitarios durante los primeros años de vida de la concesión” y tiene como objetivo “minorar la aportación pública, contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios de la administración de Justicia, generar empleo directo e indirecto y se han estructurado conforme a tarifas contenidas”.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, José Ignacio Pezuela, ha señalado este jueves en la Cámara regional que “tras el humo propio de Sánchez, ya no queda nada” y respecto a los fondos europeos “solo queda una oportunidad perdida de trasformar y mejorar la competitividad y el desarrollo de nuestra economía”.

Pezuela ha sido el encargado de defender la postura popular durante la interpelación al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Lasquetty, sobre la política general del Consejo de Gobierno en materia de Fondos Europeos, cuando Pezuela ha indicado que…

“Es muy evidente que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha realizado y gestionado los fondos europeos de forma eficaz y responsable”, ha asegurado el popular, quien ha indicado a reglón seguido que “no hay más ciego que el que no quiere ver y mas sordo que, el que no quiere escuchar”.

Para Pezuela, es “extremadamente sorprendente la osadía del Grupo Parlamentario Socialista al activar y presentar esta interpelación”, en especial después del “del ridículo continental al que el gobierno de Sánchez nos está llevando con la gestión de los Fondos Europeos”.

“El 30 de abril de 2021 el Ejecutivo de Sánchez presentó el famoso Plan de Recuperación y en aquellos días el señor Sánchez se sentía muy orgulloso y eufórico creyéndose, el más listo de la clase”, motivo por el que el popular cree que los socialistas en la Asamblea registraron la iniciativa.

“Su único objetivo era intentar cuestionar el discreto papel que el gobierno central le había dejado a las comunidades autónomas”, ha explicado Pezuela, quien ha recordado que desde el GPP “siempre dijimos que estos fondos estaban mal diseñados, no estaban consensuados, se desviaban de los objetivos marcados y, para rematar, su reparto era discrecional y arbitrario con una finalidad puramente política y electoral”.

“Como un atleta de medio fondo mediocre, se puso a tirar para coger la cuerda creyéndose el mejor y, a las dos vueltas, se empezó a desfondar perdiendo el ritmo con sus competidores y descolgándose del grupo como por desgracia a España le ha pasado”, ha relatado el diputado.

Ahora, “el Gobierno Central tendrá que demostrar el control efectivo de los fondos y la inversión real del dinero en proyectos transformadores y no en propaganda electoral”, sobre todo después de que “Bruselas haya aclarado públicamente que revisará los compromisos adquiridos por el Gobierno sobre este hito cuando evalúe la próxima solicitud de los 6.000 millones, a partir del 31 de diciembre de este año”.

Este jueves se ha debatido en Pleno la aprobación del dictamen de la Comisión de Presidencia de la Cámara regional sobre la Proposición de Ley de Más Madrid sobre víctimas del terrorismo, un texto “cuya esencia aún no llegamos a comprender” a pesar de que, como ha subrayado el secretario general del GPP y diputado popular, José Virgilio Menéndez, “a todos los partidos aquí presentes les reconozco el mismo compromiso con las víctimas y la sensibilidad que demuestran en todas sus iniciativas”.

Según ha argumentado, el fin de la iniciativa no es sino “modificar una normativa autonómica para reconocer a víctimas que no son de la región, un reconocimiento material y de dignidad que es complementario al que ofrece el Estado”, por lo que en ningún caso las “víctimas quedan abandonadas por la ley o sin la dignidad propia”.

Así, la proposición de ley consta de tres artículos “en los que básicamente pretenden modificar la Ley de Víctimas madrileña respecto al ámbito temporal y subjetivo de la aplicación y, en consecuencia, el procedimiento de la concesión de ayudas económicas y medidas asistenciales”. Este es “el meollo de la cuestión, y no otro: a quién reconocer como víctima y a quién indemnizar”.

La normativa todavía vigente en Madrid “hablaba de personas empadronadas en Madrid que sufrieron un atentado en esta región o fuera de ella”, ha comentado el secretario general del GPP, quien ha recordado que “esta legislación, esta normativa autonómica, por cierto, va muchos pasos adelante de otras normativas autonómicas”.

Para Menéndez, continúa habiendo “contradicciones” en la norma, como que esta “contempla que gracias a la infinita generosidad de los madrileños vamos a indemnizar a víctimas que no están empadronadas en la región” y, como ha indicado, un ejemplo son los ciudadanos vascos o los castellano-manchegos, quienes no contemplan indemnizaciones a sus víctimas en sus normas autonómicas.

Por otro lado, “el reconocimiento autonómico de personas que están de paso por Madrid” es otra contradicción de la iniciativa, pues “¿qué pasa, por ejemplo y Dios no lo quiera, si sucede algo a una excursión turística de gente que en la vida ha pisado Madrid? ¿les indemnizamos?”, ha lanzado Menéndez, quien ha vuelto a recordar que el Estado ya cuenta con el reconocimiento a las víctimas del terrorismo.

Asimismo, el popular ha señalado que los madrileños “estamos cansados de que los partidos de izquierda y sus medios de comunicación estén todo el día etiquetando a los madrileños como insolidarios, avaros, sectarios y excluyentes” y luego, en cuenta, “nos presenten este tipo de iniciativas”. “¿Cómo casa nuestra legislación autonómica y nuestra aportación al Fondo de Solidaridad entre Regiones con las acusaciones de que el madrileño es un depredador que abusa del dumping fiscal?”, ha lanzado el popular.

Para los populares, “el bien de las víctimas está por encima de todo y nadie nos tiene que explicar nada sobre las víctimas, no nos pueden achacar falta de compromiso con ellas y nadie nos puede acusar jamás de ninguna medida lesiva contra la memoria, dignidad, justicia y verdad de las víctimas”, ha indicado Medrano.

“A nosotros jamás nos incomodaron las víctimas y pudimos discrepar en el pasado con alguna política concreta, con alguna víctima determinada, pero jamás podrán decir que nos olvidemos de una parte de nuestro ser como militantes del Partido Popular, que es el compromiso con las víctimas”.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Serrano, ha defendido este jueves en la Cámara regional el criterio desfavorable que el GPP tiene de la tramitación de la Proposición de Ley para la Conservación del Patrimonio Natural, el Paisaje y la Biodiversidad de la Comunidad de Madrid presentada por Más Madrid.

Como ha señalado Serrano, la consideración traída por Más Madrid es “exactamente la misma Proposición de Ley que fue debatida, en esta misma Cámara, el 4 de octubre de 2018 a propuesta del grupo Podemos”, salvo por la variación del “titulo, que incorpora ‘paisaje’, que no se recogía en la citada del 2018”.

“Misma proposición, pero distinto grupo parlamentario”, ha continuado el popular, quien además ha señalado que “coincide que el diputado que la defiende es el mismo” y que, “según sus palabras, lo hacía en nombre de su partido EQUO”. Como ha sostenido: “Cambian el nombre del partido proponente, pero al final son ustedes los mismos”.

En este punto, Serrano se ha referido al diputado de Más Madrid para indicarle que, si bien tuvo una “interesante intervención”, esta estuvo “cargada de ideología” y, si bien ha sostenido que “no voy a poner en duda que su proposición está repleta de buenas intenciones”, ha criticado que con esta proposición de ley han presentado “una ley repleta de ideología, que invade competencias, tendenciosa, intervencionista y en muchos aspectos irrealizable”.

Por el contrario, el popular ha defendido que “desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se viene trabajando en multitud de actuaciones para la mejora y la protección de nuestro medio ambiente”, algo que además se ha realizado “haciéndolo compatible con el progreso y el crecimiento económico”.

Como ha comentado, desde el GPP “estamos desarrollando instrumentos de gestión de los espacios protegidos para unificar la normativa de las diferentes figuras regulatorias e incorporar nuevas demandas de nuestra sociedad”, así como se está haciendo un gran avance “en el Arco Verde, una infraestructura de más de 200 kilómetros de longitud que va a conectar a más de 4 millones de madrileños con el medio natural”.

Esta gran infraestructura medioambiental, que ya está avanzada en su construcción, “conectará 25 municipios de nuestra región y enlazará además más de 30 espacios forestales” de los cuales tres son parques regionales: “Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares, Parque Regional de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama y, por último, el Parque Regional del curso medio del rio Guadarrama”.

“La presidenta Isabel Diaz Ayuso, en el pasado Debate del Estado de la Región, trasladó a esta Cámara más medidas para seguir avanzando en la mejora de nuestro medio ambiente”, ha recordado el diputado popular, quien ha enumerado que son, por ejemplo, la “reintroducción del lince, la ampliación de observatorios de aves, un nuevo plan para las vías pecuarias y la gestión integral de nuestros bosques para disminuir, en la medida de lo posible, los incendios forestales”.

A continuación, Serrano ha hecho “algunas consideraciones” del Proyecto de Ley presentado por Más Madrid, como que “se trata de una norma muy amplia que presenta muchas dificultades en su aplicación” y que a lo largo de toda la propuesta “existen muchas cuestiones que requieren un posterior desarrollo reglamentario con un plazo de hasta dos años”.

Entre estas últimas, ha mencionado, están el Consejo Regional de Medio Ambiente; el Plan Regional de Voluntariado Ambiental; el Catálogo de Paisajes sobresalientes de la Comunidad de Madrid o el Plan director de la Red Natura 2000 en la región, entre otras muchas. “Es por esto por lo que la gran cantidad y heterogeneidad del desarrollo normativo necesario hace que resulte, casi irrealizable su materialización en los plazos previstos”, ha dicho Serrano.

Resulta también destacable, ha continuado, que la “abundancia de tipologías de espacios con algún grado de protección”, la mayoría para “integrar en la Red de Espacios Naturales de Madrid” a zonas como el Parque Nacional; Parque Regional; Parque Natural; Reserva Natural; Monumento Natural; Paisaje Protegido; Paisaje Sobresaliente, entre otros.

Todo ello, ha comentado, hace que “inevitablemente se solapen estos espacios generando una enorme dificultad para la elaboración de los instrumentos de gestión y la propia gestión de estos”. En cuanto a la planificación sectorial con incidencia territorial y en lo relativo a la planificación hidrológica, ha continuado, “se establecen actividades que corresponden, o al menos requieren autorización previa, de la Administración General del Estado”.

“Se produce, por tanto, una intromisión en competencias que pertenecen a la AGE en lo referido a materias de gestión del dominio público hidráulico y a las concesiones de aprovechamientos hidráulicos”, ha señalado, además. En algunas cuestiones como la caza y la pesca “se aprecia un desarrollo excesivo” que establece, por ejemplo, que “en el caso de encontrar cebos envenenados, cepos, lazos, etc., la Administración podrá suspender temporalmente el aprovechamiento cinegético”, algo que dejaría “indefensos a los titulares” ya que “estas malas prácticas podrían ser ejecutadas por terceras personas con el ánimo de perjudicar al titular del Coto”.

En el Proyecto de Ley se aprecian, además, numerosas “lagunas e incoherencias en cuanto a la legislación planteada para evaluar los efectos sobre los elementos del patrimonio natural”, así como en lo concerniente a “las infracciones graves se establecen como tales algunos apartados que son de competencia estatal”, como el “incumplimiento del régimen de caudales ecológicos o el incumplimiento de lo dispuesto, en el artículo 41 de esta ley, para el vaciado de embalses, canales y obras de derivación”.