La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Noelia Núñez, ha indicado este jueves en el marco del Pleno de la Cámara regional durante el debate sobre la PNL presentada por Vox sobre la acogida de refugiados ucranianos, que “no vamos a permitir que se exonere al Gobierno de España de sus competencias y responsabilidades” con los ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra.

Como ha dicho, están siendo “semanas de ataques, ofensivas agónicas, crueldad y destrucción” en las el GPP “ha tenido la oportunidad de escuchar testimonios desgarradores de refugiados ucranianos, familias que han tenido que separarse de sus seres queridos, niños que se han visto obligados a recorrer a pie cientos de kilómetros para estar a salvo o mujeres que han sido agredidas sexualmente por miembros de las tropas rusas cuando trataban de cruzar la frontera”.

La ley reguladora del derecho de asilo, “establece que las competencias en materia de protección internacional las ostenta el Gobierno de España”, motivo por el que Núñez ha defendido que es el Ejecutivo de Sánchez al que “le corresponde establecer el protocolo de acogida y habilitar los recursos que pudieran estar disponibles para la atención residencial temporal, además de los acogimientos en familias de los desplazados ucranianos”.

No obstante, ha defendido, la Comunidad de Madrid, “desde el primer momento ha puesto todo cuanto estaba a su disposición y en el marco de sus competencias para ayudar a los 8.029 desplazados”. Por ejemplo, ha enumerado la popular, “la Comunidad de Madrid ha ofrecido al Gobierno de España un conjunto de 1.200 recursos de titularidad autonómica, con 554 plazas residenciales activadas en distintos puntos de la región”, así como se ha encargado “de coordinar otros ofrecimientos del ámbito privado que están siendo gestionados por distintas entidades sociales”.

Por otra parte, ha recordado, en el Hospital Enfermera Isabel Zendal “se ha establecido la oficina de atención y ayuda a los ciudadanos ucranianos”, un lugar que está “abierto los 7 días de la semana, 24 horas al día, con 65 profesionales”. En este punto, ha señalado que el lugar “contrasta radicalmente con el modelo que se sigue en el centro de atención al refugiado que el gobierno de Pedro Sánchez ha establecido en Pozuelo”.

“El objetivo de Madrid, de su Gobierno, ha sido siempre estar a la altura de las circunstancias y, por este motivo, puso en marcha un comité de crisis encabezado por la presidenta y una comisión interdepartamental para articular las actuaciones que se lleven a cabo”, ha señalado la popular, quien ha defendido que “este es el camino que seguir y es por ello por lo que hemos presentado enmiendas a las peticiones que realizan sus señorías de Vox”.

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El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Núñez, ha defendido este jueves en el seno de la Asamblea de Madrid la postura popular sobre la modificación de la ley para la reducción de diputados en la Cámara regional en aras de que “la crisis económica y social que estamos viviendo exige adoptar medidas adicionales en este Parlamento como lo han hecho las familias y las empresas”.

Como ha señalado, se trata de un debate “transcendental y muy importante, pues afecta a las reglas del juego” de la Cámara regional de la Comunidad de Madrid. Así, ha instado a “tener altura de miras y espíritu constructivo” para, a continuación, recordar que “el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, regula en su artículo 10 las condiciones básicas del régimen electoral aplicable para la elección de los diputados de la Asamblea de Madrid”.

Si bien en dicho documento se establece que “la Asamblea estará compuesta por un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del censo de población”, en la actualidad “los ciudadanos nos demandan austeridad dadas las circunstancias económicas en las cuales estamos atravesando” y, además, se debe ser “consciente de que la crisis económica y social que estamos viviendo exige adoptar otras medidas adicionales en el ámbito de la Asamblea de Madrid como lo han hecho y lo están haciendo las familias y las empresas”.

“Son diversas las acciones de austeridad que se han desarrollado en la Comunidad de Madrid desde el año 2008 y especialmente en la presente legislatura”, ha expuesto Núñez, que ha recordado que “se ha reducido el número de consejerías frente al Gobierno de la nación, el más caro de la democracia”. Los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid y los diputados de la Asamblea de Madrid, ha dicho, “se han reducido y congelado el sueldo de manera significativa desde entonces y, además, se han desarrollado medidas tendentes a reducir el gasto público de manera significativa en la estructura administrativa”.

Así, ha mantenido que “ha llegado el momento de poner solución a la indefinición en el número de diputados, al crecimiento infinito que actualmente recoge nuestro Estatuto”, al tiempo que ha afirmado que desde el GPP también “queremos dar cumplimiento a nuestros compromisos electorales y parlamentarios”. En este punto, ha asegurado que cree “sinceramente, que todos tenemos claro, que este Parlamento regional puede ser igual de representativo y de operativo con un volumen menor de escaños”.

Por todo ello, el GPP propone “sustituir el vigente sistema variable de un diputado por cada 50.000 habitantes, por uno de establecimiento de una cantidad fija, a 91 diputados” de forma que se pasaría “a una representación de 1 diputado por cada 73.000 habitantes, lo que es una cifra equiparable a la existente en las Cortes Generales (Congreso y Senado), cuya ratio por cada diputado es de 77.156 habitantes de media”.

“Somos conscientes desde el GPP que el debate puede ser amplio y variado respecto a la reforma del Estatuto”, no en vano, ha continuado, “el señor Lobato ya ha manifestado que van a presentarnos una reforma en profundidad del actual Estatuto de autonomía”. En este sentido, ha instado a que “asumamos hoy este compromiso claro y nítido hacia la sociedad madrileña, un compromiso por la austeridad, por la racionalización del gasto burocrático y avancemos en ponencia en aquellas circunstancias y cuestiones que son vitales para nuestros ciudadanos a la hora de su defensa en el nuevo Estatuto de autonomía”.