La Comunidad de Madrid adapta al entorno digital su nueva Ley del Libro para potenciar al sector y los hábitos de lectura después de que este jueves la Asamblea regional haya aprobado esta normativa tras dar luz verde a la nueva Ley del Libro, la Lectura y el Patrimonio Bibliográfico.

La norma refuerza la creación, edición, distribución y comercialización del libro y nace con el compromiso de actualizar el concepto de fomento de la lectura y el papel de la administración regional como impulsora de los hábitos lectores en todo tipo de soportes. Asimismo, protege e impulsa al sector, entendido como bien cultural y ámbito económico básico, una actividad que en la Comunidad de Madrid representa casi la mitad del mercado editorial de España.

En lo referente a su fomento, se establece con su entrada en vigor un marco institucional que regula las redes de lectura pública y, además, recoge el valor insustituible de la lectura como elemento básico de desarrollo de la personalidad e instrumento de socialización. En concreto, apuesta por los planes de fomento de la lectura, para los que fija una duración de, al menos, cuatro años, junto a campañas de sensibilización y difusión a través de los medios de comunicación social y otras acciones de promoción.

En lo referente a la cadena de valor del libro, la norma prevé acciones para garantizar la modernización, pluralidad y diversidad cultural, así como potenciar la proyección internacional del sector. Respecto a las librerías, se impulsan medidas para su reactivación y conversión en espacios culturales y sociales, potenciando el comercio.

Por otra parte, la Ley aprobada por la Asamblea regula el sistema de lectura pública de la Comunidad de Madrid, donde se integran los centros bibliotecarios -red de bibliotecas, centros de lectura, servicios de extensión bibliotecaria, etc.-; y el nuevo Consejo Madrileño de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, que sustituye al Consejo de Bibliotecas como órgano consultivo sobre las políticas relativas a estos ámbitos.

“Ha habido por parte del Gobierno y por parte de la propia comisión un trabajo exhaustivo, rápido pero exhaustivo, y desde luego acertado y con un intento consenso adecuado al tema que nos ocupa”, ha indicado el diputado popular Juan Soler durante el debate de aprobación de la normal.

Como ha indicado, es “cierto que la antigua Ley del Libro no contemplaba los avances tecnológicos y muchas de las cuestiones que sus señorías han planteado aquí”, por lo que ha reiterado que “por eso hacía falta esta nueva ley” y, por eso el GPP ha sido “muy consciente” de ello.

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la nueva Ley de Archivos y Documentos, una norma con la que se garantiza el acceso de los ciudadanos a estos fondos y los convierte a su vez en herramienta básica para la transparencia administrativa, además de incorporar la regulación del formato electrónico.

La ley favorecerá la modernización de los archivos y la protección con mayores garantías del patrimonio documental, para asegurar, entre otros aspectos, su método de conservación guarda y custodia, adaptándolo al contexto de la administración digital. Asimismo, la legislación ha contado con un amplio consenso de la comunidad archivística y coloca a la región madrileña a la cabeza de España en materia de conservación de documentos públicos.

Su protección, al margen de que puedan ser catalogados como bienes culturales protegidos, queda asegurada contra la destrucción indiscriminada o dolosa en el propio ámbito administrativo. Del mismo modo, se ofrecen todas las ventajas de la vinculación al sistema, como los recursos compartidos, normativa técnica homologada, asesoramiento técnico permanente, entre otras, incluidas las ayudas públicas que la Comunidad de Madrid pueda ofrecer para su desarrollo y difusión.

El nuevo texto, que sustituye al anterior con más de 20 años de vigencia, mejora también la protección del patrimonio documental, tanto de organismos públicos como privados, a partir de una clara definición del concepto y de los instrumentos a utilizar, especialmente con la creación del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental Madrileño.

La diputada Isabel Redondo, encargada de defender la postura popular durante el debate de aprobación del dictamen, ha asegurado este jueves respecto a la ley que el proyecto de ley presentado por el Gobierno “ya era un texto sólido, técnicamente bien fundamentado”, pero que como todos los textos legislativos era “susceptible de mejoras o retoques” que ha dado lugar a una ley “donde como es lógico se reconocen nuestros principios ideológicos”.

“El texto que vamos a votar es un cuerpo legislativo del que sentirnos profundamente orgullosos” porque “fortalece y ensancha los derechos de los ciudadanos, en especial, el derecho a la libertad información, al acceso a la información pública” y que pasa a ser “un referente dentro de las comunidades autónomas a la espera de una Ley estatal muy demanda y que no termina de llegar”.

Es un texto “adaptado a los nuevos escenarios y necesidades de los archivos y custodias documentales; que da cabida a los nuevos soportes manteniendo el respeto reverencial hacia el documento como fuente de información a la que siempre acudir”, ha dicho Redondo.