La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Marimar Blanco, ha enfatizado en la necesidad escuchar y atender a las entidades sociales de la Comunidad de Madrid, como las que integran la plataforma del Tercer Sector, de cara a la elaboración de la nueva Ley de Servicios Sociales que el Gobierno regional ha diseñado y cuyo anteproyecto está previsto que llegue próximamente a la Cámara regional con el objetivo de “adecuar la normativa a los retos actuales, en especial tras la pandemia”.

Tras reunirse con la plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, encuentro en el que también han estado presentes el portavoz del GPP, Alfonso Serrano, y la parlamentaria popular Encarna Rivero, Blanco ha asegurado que “se trata de una ley que desde el GPP consideramos necesaria porque la presente data del año 2003 y ahora se tiene que dar respuesta a los retos que plantea una sociedad más dinámica y en permanente estado de transformación” y que, además, “tiene que enfrentarse a nuevas necesidades sociales que han surgido tras la pandemia”.

De esta manera, las entidades reunidas “han presentado un conjunto de propuestas para el Anteproyecto de Ley, iniciativas que van en la línea de responder de forma eficaz y coherente a los desafíos presentes y futuros asociados a los cambios sociales, demográficos y económicos” de la región madrileña, ha explicado Blanco.

Como ha indicado la popular, durante el encuentro con el GPP la plataforma ha mostrado la importancia de “crear un comité de ética, que consideran fundamental”, al tiempo que “han puesto en valor una de las novedades que recoge esta esta ley, que es la puesta en marcha de la tarjeta única social”. Esta última medida está englobada dentro de la “apuesta por la innovación y la digitalización de la ley, algo que va a ser muy efectivo para los ciudadanos ya que va a agilizar mucho la tramitación de cualquier tipo de ayuda que puedan que puedan solicitar”.

Asimismo, la norma tiene el objetivo de ser “útil ante los nuevos desafíos”, sobre todo teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid es una de las pocas regiones europeas que “va a haber incrementada considerablemente su población en los próximos años y, además, una de las autonomías con la esperanza de vida más alta en España”.

“Esta tiene que ser una ley realista a los nuevos cambios, eficaz y que ayude a resolver los problemas y necesidades que nos puedan plantear los madrileños”, algo que hace que la norma nazca “con la triple vocación de ordenar la prestación de servicios sociales en la Comunidad de Madrid, el régimen del sistema público de servicios sociales y también la actividad de centros y servicios de atención social”.

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