La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Lorena Heras, ha defendido este jueves durante el debate de aprobación del dictamen de la Ley Maestra de Educación de la Comunidad de Madrid y ha celebrado frente a todos los parlamentarios que “la educación en Madrid hoy reconquista su libertad” a través del blindaje de “la libertad y la calidad de la educación con esta normativa”.

Como ha señalado desde la Tribuna, la denominada Ley Celaá «ha supuesto un recorte de la libertad de elección de las familias a la hora de elegir centro educativo y tipo de educación» a través de «reglas que pretenden hacer prevalecer la voluntad de las administraciones públicas sobre la de las familias».

Heras ha criticado asimismo que la Ley Celaá se basa en «criterios de admisión que quieren acabar con los distritos únicos educativos», así como contempla «órganos pseudo-políticos que participen en los procesos de admisión». La normativa estatal, ha dicho, incluye «preceptos que desean convertir en subsidiaria la Educación Concertada», al tiempo que “elimina el carácter de nuestra lengua como lengua oficial del Estado y su carácter vehicular».

Por otro lado, la popular ha afeado que «la LOMLOE elude la regulación de un proceso de selección claro y objetivo de los garantes de la educación, de los inspectores de educación» al permitir su selección “a dedo, con criterios no objetivos, sino políticos».

Del mismo modo, la Ley Celaá “plantea el progresivo vaciamiento de los Centros de Educación Especial” a través de lo dispuesto en su disposición adicional cuarta y los artículos 73 y 74 y merma “la libertad de elección de las familias que consideran que el centro más inclusivo para sus hijos es, precisamente, uno de Educación Especial».

Sin embargo, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y «frente al ataque a la libertad y la calidad del sistema educativo de la Ley Celaá», en el marco de sus competencias legislativas, una Ley Autonómica que refuerza «la libertad de elección de las familias defendiendo el distrito único y la calidad educativa a través evaluaciones externas dirigidas a mejorar la calidad, la equidad, y la excelencia de la educación».

Del mismo modo, la Ley Maestra de Educación aboga por «regular de forma completa la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales bajo los principios de normalización, inclusión, no discriminación, e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo».

En lo relativo a la lengua española como vehicular, la norma impulsada por el Ejecutivo regional promueve “este derecho mediante instrumentos de colaboración y coordinación con otras Comunidades Autónomas, e instituciones públicas y privadas”.

La diputada popular ha querido, desde la Tribuna, agradecer públicamente a las diferentes entidades y asociaciones con las que el GPP ha mantenido reuniones y cuyas aportaciones se reflejan en la normativa, entre ellas “CERMI, FIAPAS, representantes de docentes (pública y privada), representantes de familias y patronales de educación concertada”.

En especial, y como el propio representante del Grupo Parlamentario Vox ha hecho previamente hacia la diputada, Heras ha tenido palabras de agradecimiento para su formación por “su apoyo” a través de enmiendas y por haber estado dispuestos a “priorizar lo mucho que nos une”.

“Desde el GPP estamos satisfechos con el resultado final y con el camino hasta llegar hoy a este pleno en que votaremos el texto definitivo de este Ley”, ha señalado la diputada del GPP antes de asegurar que el texto “reconoce el compromiso de la Comunidad de Madrid con un sistema progresivo de acceso gratuito a la educación en las etapas no obligatorias”.

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La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Paloma Tejero, ha exigido a Pedro Sánchez este jueves durante la primera sesión plenaria celebrada en la Asamblea de Madrid en este periodo de sesiones “responsabilidades y la rectificación inmediata de las declaraciones realizadas por el ministro de Consumo”, quien como ha dicho Tejero “no puede permanecer ni un minuto más en el Ministerio” si lo dicho sobre la industria cárnica es falso.

Sin embargo, como ha añadido la diputada popular a reglón seguido, “si lo que ha dicho el ministro Garzón no fuera falso, el que debe dimitir es el ministro de Agricultura por consentir que se incumplan las normas nacionales y europeas de bienestar animal y seguridad alimentaria en España”. Tejero ha señalado durante su defensa de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el GPP para poner en el sector agroalimentario español y madrileño que no “queden impunes unas declaraciones insidiosas y lamentables como las pronunciadas por el todavía ministro de consumo Garzón”.

“Si como estamos viendo el copresidente Sánchez es incapaz de hacer nada porque ya no tiene autoridad en su propio Gobierno, lo que tienen que hacer es irse los tres y convocar elecciones de una vez”, ha explicado la popular, al tiempo que ha añadido que “tanto la acción como la omisión están causando el mismo e irreparable daño a nuestra industria cárnica”.

Así, ha asegurado que es “inadmisible que un ministro de España cuestione en medios extranjeros la calidad y buenas prácticas de nuestro sector ganadero dañando una reputación que ha costado muchos años y esfuerzo conseguir”.

Para Tejero es “infantil y absolutamente irresponsable difundir bulos y sembrar dudas sobre un sector con los estándares de calidad y buenas prácticas de los más altos del mundo” y poner en riesgo “no solo su reputación, sino más de 2 millones de puestos de trabajo de un sector que es fundamental para la economía rural y estratégico para luchar contra la despoblación”.

“Si hablamos de la ineptitud del ministro de Consumo, no podemos dejar de mencionar el maltrato que está propinando el Gobierno de la nación al sector agrícola y ganadero”, ha continuado la diputada popular, quien ha recordado que “Pedro Sánchez lleva tres años demonizando y ninguneando al sector primario con recortes en la PAC” o la aprobación de una reforma laboral que “prohíbe los contratos a temporeros”, así como “la escasez de fondos europeos para ayudar a sobrevivir a un sector que no ha dejado de trabajar ni un solo día durante la pandemia para que no faltara comida en nuestras mesas”.

Por todo ello, el GPP exige al Gobierno de España “el reconocimiento del gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles, así como de los veterinarios e ingenieros agrónomos que han hecho que el sector se haya adaptado a las nuevas exigencias y la correcta trazabilidad de los productos a lo largo de toda la cadena de distribución, garantizando siempre el bienestar animal y por lo tanto la calidad de todos nuestros productos”, y para ello proponen una “campaña nacional de apoyo al sector ganadero en vez de un triste stand de 100 metros en IFEMA, como ha anunciado el ministro Planas, en la próxima Meat Attraction”.

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El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, ha señalado que “la contumaz intención del Gobierno socialista de la nación de acabar con la actual capacidad normativa que tiene la Comunidad de Madrid” tiene el objetivo de “ocultar las obsesiones” del Ejecutivo de Sánchez contra Madrid y contra la pluralidad.

“Un total de 27 años sin gobernar esta región produce mucha frustración y resentimiento en algunos y esto les lleva a querer pasar factura a los madrileños aunque sea a costa del bienestar y el progreso de todos los españoles”, ha señalado Abrines antes de añadir que los socialistas están “en contra de la posibilidad de que los ciudadanos puedan comparar y elegir distintas opciones políticas y distintos modelos económicos”.

Ha sido tras preguntar al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández – Lasquetty, sobre por qué considera necesario el Gobierno regional blindar la autonomía económica y fiscal de la Comunidad de Madrid, reconocida en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, cuando el popular ha asegurado que “la contumaz intención del Gobierno socialista de la nación de acabar con la actual capacidad normativa que tiene la Comunidad de Madrid en materia tributaria se basa en cinco mentiras”.

En primer lugar, ha expuesto, el Gobierno central miente en la “supuesta intención de armonización”, pues como ha indicado Abrines “no es verdad que se vayan a homogeneizar tributos, sino todo lo contrario: nos alejaremos más de Europa”, además de que “se incrementarán las diferencias normativas entre comunidades autónomas de régimen común y las forales”.

Por otra parte, el popular ha señalado que “la existencia del dumping fiscal es mentira”, ya que “es falso que exista un punto objetivo determinado a partir del cual no se pueda bajar un impuesto, pues eso significaría aceptar que los contribuyentes no son los legítimos propietarios del 100 por ciento de su patrimonio y de sus rentas”.

Asimismo, Muñoz Abrines ha explicado que la “no puede haber competencia desleal cuando todas las comunidades autónomas tienen las mismas reglas de juego”, así como ha advertido de que es mentira que “la política tributaria de Madrid perjudica al resto de regiones”. A este respecto, el diputado popular ha señalado que “los datos muestran que la política de Madrid genera más recaudación y esa mayor recaudación supone que aportemos más del 70 por ciento de los fondos a la solidaridad entre regiones”.

La última mentira, ha dicho, responde a la idea de que “la capacidad normativa sobre dos impuestos como el de Patrimonio y Sucesiones, que representan tan solo el 1 por ciento de la recaudación tributaria del Estado, pueda generar desigualdades o suprimirlas”. En este punto, Abrines ha preguntado al portavoz socialista, Juan Lobato, por qué “no retocan las competencias tributarias del País Vasco y Navarra, que sí representan una verdadera diferencia de tratamiento entre españoles”.

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La diputada regional del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid y secretaria general de los populares madrileños, Ana Camíns, ha criticado el absoluto “silencio” de toda la izquierda ante el Plan del Gobierno madrileño para fomentar la natalidad.

Así lo ha hecho tras dirigirse al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, para interesarse por los objetivos de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026 de la Comunidad de Madrid.

En su opinión, las propuestas sobre la natalidad que ha llevado la izquierda en la Asamblea siempre se han dirigido en el “sentido contrario” a crear vida o a facilitar los recursos necesarios para alcanzar la maternidad. Y, sin embargo, las propuestas de los gobiernos del PP han sido instaurar medidas que “siempre han sido criticadas por la izquierda”.

Por ello, Camíns no entiende el “silencio” con el que la izquierda ha acogido un Plan que “va a la raíz del problema, como es dificultad que tienen las mujeres de la Comunidad para poder acceder a una familia”. A continuación ha enumerado algunas de las medidas de este Plan, como las ayudas directas de 1.400 euros o las deducciones fiscales, entre otras.

“Me alegro de la valentía que ha tenido este Gobierno y espero que sea un plan inspirador, no solo para el Gobierno de España, sino para otras comunidades. Un Plan donde todos los consejeros de la Comunidad de Madrid han aportado para llegar a estas 80 medidas”, ha concluido Ana Camíns.

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