La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Miriam Bravo, ha defendido que las autonomías en las que gobierna el Partido Popular estarán enfrente de las “normas intervencionistas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la futura Ley de Vivienda”, que representa una “injerencia en las competencias autonómicas y atenta contra la propiedad privada y el uso libre de la misma, como recoge el artículo 33 de la Constitución española”.

Durante su intervención en el Pleno celebrado este jueves en la Asamblea regional, la diputada popular ha celebrado que las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pongan “en el centro a los ciudadanos frente a los excesos del Gobierno de la Nación, que discrimina y diferencia entre ciudadanos de 1ª y de 2ª según la comunidad autónoma” en la que residan.

“Después de casi dos años de negociación, han alcanzado un pacto que generará inseguridad jurídica a cambio de que Sánchez saque adelante los Presupuestos Generales del Estado o, lo que es lo mismo, los presupuestos de la vergüenza”, ha dicho Bravo al tiempo que ha asegurado que cuentas “llevarán a este país a un déficit y una deuda inasumibles”.

Frente a ello “tienen la fortaleza de nuestra región”, ha celebrado la popular, que ha explicado que los madrileños han aportado 300,5 millones de euros a otras autonomías al adquirir un 27 % de las viviendas fuera de la comunidad, mientras que “compradores de otras regiones solo aportaron 57,5 millones de euros a Madrid”.

“Optan por atentar contra el libre mercado, provocando que la oferta decaiga; haciendo que aumente el precio de los alquileres, que disminuya la edificación de obras nuevas, estrangulando al sector privado y encareciendo los precios un 70%, en vez de apostar por una mayor oferta de vivienda pública”, ha criticado la diputada.

La Ley supondrá para Madrid “la destrucción de 5.700 empleos del sector inmobiliario; dejarán de construirse 2.370 viviendas de obra nueva destinada al alquiler y de invertirse alrededor de 730 millones de euros anualmente”, así como irá “en contra el ahorro de las familias y espantará inversiones a futuro”. En vez de apostar “por el intervencionismo”, ha finalizado Bravo, “deberían elaborar una Ley Antiocupas que mire al propietario afectado como lo que es: una víctima que ve sus derechos vulnerados”.

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La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Yolanda Estrada, ha criticado la intención de la izquierda de “generar nuevos costes a los madrileños con la creación de una especie de impuesto con interés usurero de un 25 % sobre el coste de las inversiones” del Programa de Inversión Regional (PIR).

“No contentos los comunistas con intentar meter su mano en todos los aspectos de nuestra vida con ese intervencionismo atroz, ahora vienen y nos dicen que si no se ejecuta el PIR los madrileños podrían pagar un 25 % en concepto de gastos de oportunidad o costes económicos”, ha expuesto la diputada popular durante su intervención en el Pleno celebrado este jueves en la Cámara regional.

Estrada ha afeado que “el comunismo radical, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, pretenda repercutir una responsabilidad compartida entre los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid, cuya tramitación está regulada, en todos los madrileños” en vez de “mejorar los procedimientos, agilizar los trámites y eliminar trabas burocráticas” para que el plan se ejecute de manera adecuada.

Por el contrario, como ha recordado la diputada, “están finalizadas físicamente casi el 50 % de las actuaciones del PIR 2016-2019”, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2020, a pesar de que con la llegada de la pandemia en marzo de 2020 y de que el Gobierno central suspendiera entonces “todos los plazos administrativos”.

Además, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha dado “la posibilidad de destinar el 50 % de las cantidades asignadas del PIR al gasto corriente para poder tener músculo tras la crisis de la Covid-19 y ha destinado 5,6 millones de euros para colaborar con los ayuntamientos en los gastos extraordinarios de limpieza de los colegios”.

“Para el Partido Popular la vida municipal es importantísima, desde la Comunidad de Madrid se han estado haciendo programas de inversión regional mientras ustedes hablan de una realidad que no existe, porque de ser así el 4 de mayo 177 de 179 municipios de la región no nos habrían elegido para gobernar”, ha señalado Estrada.

Asimismo, Estrada ha recordado a los miembros de la Cámara que la presidenta regional “ha incrementado de 700 a 1.000 millones de euros en el PIR 2022/2026, ha reducido la aportación de los municipios al mínimo legal del 1 %, ha permitido que el plan sea compatible con otro tipo de subvenciones o financiación o ha adelantado el pago del 50 % de la actuación al inicio del expediente de contratación”.

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El Gobierno de la Comunidad de Madrid trajo el pasado mes de julio a la Asamblea de Madrid, su primera iniciativa legislativa de esta legislatura, la Ley Maestra de Educación, con el claro objetivo de blindar la Comunidad de Madrid de la Ley Celaá.

La portavoz de Educación del GPP, Lorena Heras, ha comparado la tramitación parlamentaria de esta ley, con ampliación de plazos para presentar enmiendas y consulta con entidades expertos, con la de la Ley Celaá, una ley que empezó a tramitar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, días antes de decretar el Estado de Alarma, sin someterse a informe del Consejo Escolar de Estado ni del Consejo de Estado. “Aprobó una ley sin diálogo con las comunidades autónomas, responsables de las competencias ejecutivas en materia educativa”, ha criticado.

La popular considera que la Ley Celaá “destila sectarismo, es anticuada, mediocre e ideológica” y que supone un retroceso a las leyes socialistas “que produjeron más abandono y fracaso escolar, cuyo resultado fue expulsar del sistema a 1 de cada 4 alumnos sin titulación”. En definitiva, “la Ley Celaá tiene como propósito imponer el pensamiento único de la izquierda”, ha asegurado.

Heras ha recordado como el PSOE y Podemos “despacharon las 1.100 enmiendas de la Ley Celaá en 5 sesiones y su tramitación en el Senado duró una semana, ¿querrán hacer lo mismo en esta cámara?”, ha cuestionado mirando a la grada de la izquierda.

Heras ha detallado todas las facilidades que se han puesto desde la Asamblea de Madrid para hacer una tramitación transparente y participativa de la Ley Maestra de Educación. “Se ha ampliado dos veces el periodo de presentación de enmiendas y vamos a pedir comparecencias de expertos”, ha asegurado.

“La presidenta Ayuso se presentó a las elecciones del 4 de mayo prometiendo a los madrileños una Ley Regional de Libertad Educativa, dentro de la ley, cumpliendo la ley, pero con toda la fuerza de la competencia autonómica, Madrid tendrá su Ley Maestra”, ha celebrado la popular.

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