La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Elisa Vigil, ha criticado este jueves frente a la Cámara regional durante el debate sobre la creación de un plan de refuerzo para la Salud Mental que “el PSOE presente propuestas para poner en marcha cosas que ya se hacen con el objetivo de hacer propaganda de las iniciativas de Pedro Sánchez”.

Como ha recordado Vigil, “el pasado 15 de julio se aprobaron en esta Cámara una serie de medidas integrales de cara a poner en marcha un Plan de Choque en Salud Mental, una iniciativa que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos”, motivo por el cual la popular ha recalcado que no entiende que se proponga de nuevo una medida “exactamente igual” a la aprobada en julio, a no ser que se trate de “publicitar el Plan de Salud Mental anunciado por el Gobierno Nacional”.

En este sentido, ha advertido que “la Asamblea no debería ser la máquina de propaganda de Sánchez, sino el lugar donde se buscan soluciones a los problemas de los madrileños”.

La diputada popular ha recordado a la Asamblea que muchas de las cuestiones que se contemplan en la PNL presentada “ya se están haciendo”. Así, por ejemplo, ha señalado “el diseño de Planes periódicos que refuercen el modelo comunitario; la organización de un sistema de información sobre Salud Mental; un sistema de objetivos, estándares e indicadores de atención a la salud mental para que los planes de salud mental puedan ser evaluados; o la realización de un análisis de los recursos de la red desde una perspectiva comunitaria, planificando los recursos humanos para que estén bien dimensionados y estables”, entre otras cuestiones.

“Está claro que el Partido Socialista llega tarde y mal a la atención en salud mental, registrando iniciativas que no aportan nada nuevo a lo que ya se está desarrollando de manera eficiente desde nuestra Comunidad”, ha dicho la diputada popular.

En este punto, Vigil se ha referido a la bancada de la izquierda para denunciar que son “sus políticas” las que parcialmente provocan problemas como la depresión: “Sus políticas de empleo, que son inexistentes, están dejando a miles de jóvenes sin esperanza y sin sueños”, así como “nos han tenido encerrados en un Estado de Alarma inconstitucional”.

Además, ha criticado la popular, “nos plantan una Ley Castells que desmerece las carreras universitarias y han conseguido que salgamos de la universidad y nos enfrentemos a una escalofriante cifra del 40% de desempleo juvenil”.

“¿Cómo no vamos a estar mal si después de 4 años de carrera y 2 años casi de máster no hay trabajo?, ¿cómo no vamos a estar mal con 239.230 personas en ERTE?, ¿cómo no vamos a estar mal si nos intentan comprar con una limosna de 400€ para que vayamos al cine en vez de al psicólogo?”, ha dicho Vigil, antes de finalizar preguntando a los socialistas: “¿Cómo no vamos a estar mal cuando la gente en invierno pasa frío con tal de no pagar una factura de la luz inalcanzable?”.

Por último, Vigil ha afeado al os socialistas que “nos están destrozando el país y a los jóvenes, medianos y más mayores nos tienen flipando. ¿Les importa la gente? Bajen los impuestos y déjennos vivir en libertad”, ha dicho.

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La diputada del GPP, Beatriz Pérez Abraham, ha intervenido hoy en el Pleno de la Asamblea donde ha asegurado que” el Partido Popular está firmemente comprometido con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y con su plena integración e inclusión social y con que tengan igualdad de oportunidades”.

A pesar de que aún queda mucho trabajo que hacer, la popular ha asegurado que “la Comunidad de Madrid ha sido pionera en la atención a las personas con discapacidad, ofreciendo desde 2002 gratuitamente los servicios de asistencia especializada, cuando ninguna comunidad autónoma lo hacía”.

En este sentido, ha recordado como el programa electoral de la presidenta Isabel Díaz Ayuso recogía ya la creación de una Oficina de Atención a la Discapacidad. Esta oficina realizaría, entre otras cosas, funciones de ventanilla única preferente en materia de discapacidad, asesoramiento, análisis de consultas, quejas o denuncias, así como la propuesta de posibles medidas y colaboración con órganos administrativos y judiciales para la asistencia judicial gratuita a personas con discapacidad. “Medidas concretas, señorías, que servirán para mejorar la vida de las personas con discapacidad y de sus familias”, ha afirmado.

Pérez ha enumerado algunos de los motivos por los que el Grupo Popular no considera necesario elaborar una ley de garantías de derechos de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid, como que la propia Constitución recoge la garantía de los derechos fundamentales, o la existencia de una Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social o la legislación autonómica en esta materia, entre otros. “Por todo ello, no creemos necesario incrementar la regulación normativa en materia de discapacidad en nuestra región”.

Para finalizar, la popular ha afirmado que “hoy tenemos la oportunidad de que esta Cámara, con el apoyo de todos los grupos, aprueba instar al Gobierno regional a la creación de la Oficina de Atención a las personas con discapacidad”.

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La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carmen Castell, ha lamentado que a pesar de que el Ministerio de Educación esté demorándose más meses en la entrega de material para los alumnos madrileños, la bancada socialista no “corra a pedir ayuda para que no les falte de nada”.

Ha sido tras su pregunta al consejero de Educación, universidades y Ciencia, Enrique Ossorio, sobre si los ordenadores adquiridos mediante el convenio con el Ministerio de Educación y FP en 2020 han sido entregados a la región, cuando Castell ha lamentado lo “crudo” de la situación.

“La verdad es que no sabría gustado escuchar algo bueno sobre el Gobierno de España para con la Comunidad de Madrid”, ha señalado antes de asegurar que “eso sigue siendo una quimera”.

Como ha explicado al resto de diputados de la Cámara, el convenio, aprobado por el Gobierno regional en tan solo un mes, recoge el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez de “comprar esos ordenadores y llevar a cabo su entrega a la Comunidad de Madrid”, como se puede ver en su cláusula número cuatro.

A partir de esa puesta en marcha, ha indicado la diputada popular, la Comunidad tardó tres meses en la adquisición de su parte de ordenadores, mientras que el Ministerio se ha demorado hasta 15 meses. “Y así todo”, ha dicho Castell.  

Ante todos los “agravios” hacia la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno de la Nación que ha relatado Ossorio, “la bancada de enfrente no sale corriendo a llamar a quien sea para exigir que a los alumnos madrileños no les falte de nada, especialmente a los más desfavorecidos por la brecha digital”, ha criticado Castell.

“Aquí, todos los grupos parlamentarios representamos a todos los madrileños, pero yo no he visto a ninguna de las señorías de la bancada de enfrente ofrecerse a ayudar a la Consejería”, ha afeado la popular al tiempo que ha preguntado al consejero si “¿alguno le ha llamado para ayudar?”.

En este punto, ha instado a los diputados socialista a “intentarlo, por lo menos”. En este punto, ha recordado el caso de Aragón, autonomía natural y política de la actual ministra de Educación, Pilar Alegría. “En nueve meses tenían ya sus ordenadores, el material llegó seis meses antes” que en la Comunidad de Madrid, ha explicado Castell. 

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El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Francisco Galeote Perea, ha defendido este jueves durante el Pleno que “ganar en eficiencia es ganar en competitividad, si sube la energía suben los precios de todos los sectores, por lo que frente al intervencionismo proponemos más libertad”.

En su pregunta a la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín Martín, sobre las medidas que está adoptando el Gobierno regional para favorecer el uso de los paneles solares de autoconsumo dentro del Plan de Descarbonización y Cuidado del Medio Ambiente, Galeote ha celebrado que se esté cumpliendo “el compromiso anunciado por la presidenta Ayuso en su discurso de investidura” y con ello se haga “de Madrid la región más verde, más limpia y más libre de Europa”.

“Todas estas acciones se enmarcan en dos líneas fundamentales de trabajo: flexibilizar la normativa y establecer una serie de ayudas directas que permiten a los ciudadanos convertirse en autoconsumidores de energías renovables, en línea con las directrices europeas”, ha explicado el popular.

Por el contrario, ha lamentado que frente a esto “los clásicos postulados de la izquierda sigan abogando por más y peor regulación y desincentivar aumentando la carga fiscal”. Como ha lamentado, el modelo del Gobierno de Pedro Sánchez “está basado en la coacción desde los poderes públicos, como los recargos del IBI, el peaje en autopistas, o, directamente, la expropiación de beneficios que contempla en el Real Decreto de Energía”. 

Sin embargo, ha enfatizado, “en nuestra Comunidad se sigue apostando por un modelo de éxito que ha permitido que seamos la región con menos emisiones de CO2 por habitante, un 49% por debajo de la media nacional”, al tiempo que ha “rehabilitando edificios con energías renovables para que nuestra dependencia de las energías fósiles disminuya”.

“Apostamos por la economía verde y creemos en una transición energética pero sensata y ordenada, basada en proyectos que mejoran nuestra calidad de vida y además generan actividad económica”, ha señalado al tiempo que ha defendido que “incrementar la eficiencia energética supone, frente al desorbitado precio de la luz, un importante y necesario ahorro en los bolsillos de las familias, de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas”.

Para el diputado popular “no es admisible que sean los ciudadanos quienes paguen la mala gestión del Gobierno de Sánchez, cuya única medida en política energética ha consistido en que pongamos la lavadora o planchemos a la hora de dormir, desplazando la demanda a horas donde solo se pueden utilizar energías de respaldo, justo las que no nos sobran, porque de noche ni hay ni viento ni Sol”.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Daniel Portero, ha señalado que el GPP no va a permitir que “en la Comunidad de Madrid equipare víctimas de diferentes delitos con un trato injusto, como hace Sánchez con la Ley Memoria democrática”.

Ha sido durante su intervención en la Asamblea de Madrid, después de preguntar al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, sobre las actuaciones del Gobierno regional para proteger, ayudar y honrar a las víctimas del terrorismo, cuando Portero ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez “persigue a los que enaltecen el franquismo, pero no persigue a los que enaltecen el terrorismo de ETA”.

Como ha señalado el popular, “aún quedan 376 asesinatos sin resolver de ETA y el Gobierno central no puede pretender cerrar en falso la historia de terror de ETA sin que queden resuelto”.

Por el contrario, como ha señalado Portero, “la Comunidad de Madrid fue pionera en las leyes de solidaridad para con las víctimas del terrorismo, aprobando en 1996 una de las primeras leyes de este tipo y posteriormente, en 2018, llevando a cabo una modificación para adaptarla a los nuevos y desgraciados tiempos en materia terrorista”, ha recordado el diputado popular.

Asimismo, ha hecho mención a la creación del “Comisionado de Víctimas del Terrorismo para ayudar y acompañar a todas las víctimas del terrorismo” y ha asegurado que la región “es la única autonomía que va a cumplir con su legislación en materia de víctimas en menos de 4 años, al indemnizar en 65 millones de euros a finales de 2021 a las víctimas madrileñas que han sufrido cualquier clase de terrorismo por aplicación de la nueva ley”.

“La Comunidad de Madrid no solo resarce a las víctimas del terrorismo económicamente, sino también moralmente. Lo hace con actos de recuerdo o promoción de acciones en favor de la memoria de las víctimas de ETA”, al mismo tiempo que “todos los años son destinados cientos de miles de euros en subvenciones a la acción social”.

Portero ha finalizado su intervención señalando a la bancada de la oposición que “los 200 asesinos acercados al País Vasco son la primera prueba de que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere hacer nada en favor de las víctimas de ETA”.

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