El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Corral, ha asegurado durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid criticado este jueves que la izquierda se oponga “a la Oficina del Español sólo porque es una idea de Ayuso y del Partido Popular, aunque luego la copien”.

“Que hablemos de la petición de cierre de la Oficina del Español no va ocultar el escándalo del progresivo cierre del grifo de las inversiones estatales en Madrid”, ha señalado el diputado popular, que ha afeado que a pesar de las críticas realizadas “Sánchez ha tardado solo tres meses en copiar a la presidenta madrileña” y abrir un centro similar.

Los motivos esgrimidos por el Gobierno central son “los mismos que los de la Comunidad de Madrid: aprovechar las oportunidades del idioma que compartimos 600 millones de personas en todo el mundo”, algo que para el popular es “absolutamente legítimo, lógico necesario y oportuno, tanto para la Comunidad de Madrid como para España en su conjunto”.

“El español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes”, ha dicho Corral, que además ha recordado que “en 2020 estudiaban español como lengua extranjera, en 110 países, un total de 22,3 millones de alumnos, al tiempo que representa la tercera lengua en Internet después del inglés y del chino”.

Asimismo, Corral ha recordado que “las industrias culturales ligadas al español representan el 3% del PIB de las economías de los países hispanohablantes” y que, en 2019, la Comunidad de Madrid recaudo “solo a través del IVA un total de 127 millones de euros por actividades culturales y educativas relacionadas con el idioma español”.

Desde el GPP, ha dicho Corral, “celebramos que Pedro Sánchez se sume al reconocimiento de las inmensas potencialidades de creación de riqueza y empleo que nos concede nuestro idioma y nuestra cultura”, aunque afean que los miembros del PSOE y Unidas Podemos “votaran contra los objetivos esgrimidos por Isabel Días Ayuso y se opongan al instrumento para conseguirlos: la Oficina del Español que ahora han copiado”.

“Es evidente que las administraciones tenemos que ganar en coordinación y en transversalidad ante un reto como es aprovechar todo el potencial cultural, educativo, turístico y económico del español”, ha señalado el diputado popular, que ha asegurado que en la Comunidad de Madrid “lo que estamos consiguiendo ya con la Oficina del Español”. ​

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Miriam Bravo, ha defendido que las autonomías en las que gobierna el Partido Popular estarán enfrente de las “normas intervencionistas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la futura Ley de Vivienda”, que representa una “injerencia en las competencias autonómicas y atenta contra la propiedad privada y el uso libre de la misma, como recoge el artículo 33 de la Constitución española”.

Durante su intervención en el Pleno celebrado este jueves en la Asamblea regional, la diputada popular ha celebrado que las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pongan “en el centro a los ciudadanos frente a los excesos del Gobierno de la Nación, que discrimina y diferencia entre ciudadanos de 1ª y de 2ª según la comunidad autónoma” en la que residan.

“Después de casi dos años de negociación, han alcanzado un pacto que generará inseguridad jurídica a cambio de que Sánchez saque adelante los Presupuestos Generales del Estado o, lo que es lo mismo, los presupuestos de la vergüenza”, ha dicho Bravo al tiempo que ha asegurado que cuentas “llevarán a este país a un déficit y una deuda inasumibles”.

Frente a ello “tienen la fortaleza de nuestra región”, ha celebrado la popular, que ha explicado que los madrileños han aportado 300,5 millones de euros a otras autonomías al adquirir un 27 % de las viviendas fuera de la comunidad, mientras que “compradores de otras regiones solo aportaron 57,5 millones de euros a Madrid”.

“Optan por atentar contra el libre mercado, provocando que la oferta decaiga; haciendo que aumente el precio de los alquileres, que disminuya la edificación de obras nuevas, estrangulando al sector privado y encareciendo los precios un 70%, en vez de apostar por una mayor oferta de vivienda pública”, ha criticado la diputada.

La Ley supondrá para Madrid “la destrucción de 5.700 empleos del sector inmobiliario; dejarán de construirse 2.370 viviendas de obra nueva destinada al alquiler y de invertirse alrededor de 730 millones de euros anualmente”, así como irá “en contra el ahorro de las familias y espantará inversiones a futuro”. En vez de apostar “por el intervencionismo”, ha finalizado Bravo, “deberían elaborar una Ley Antiocupas que mire al propietario afectado como lo que es: una víctima que ve sus derechos vulnerados”.

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